Uribe denunció ante Trump, Musk y Rubio al magistrado César Reyes con inconsistencias sobre Usaid

A las cuatro de la mañana del 6 de febrero, el expresidente Álvaro Uribe compartió un trino en inglés dirigido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, alertando sobre vinculaciones del pasado del actual presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes, con la agensia Usaid.

Uribe reescribió un trino que había publicado sobre las ocho de la noche del miércoles teniendo como destinatarios al presidente estadounidense, Donald Trump, y su designado encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el hombre más rico del mundo, Elon Musk, quien ha atacado a Usaid.

Musk ha acusado a la agencia de cooperación internacional estadounidense de malgastar millonarios recursos a lo largo de los años en proyectos de inclusión, lo que llevó a la administración de Trump a cerrar temporalmente sus operaciones para examinar en qué se han invertido los recursos norteamericanos.

El reclamo del exsenador y expresidente Uribe se enmarca en la coyuntura. El exmandatario aprovechó las semanas de convulsión frente a la agencia para revivir señalamientos que a lo largo de los años tanto él como su partido han sostenido en contra de Reyes, magistrado instructor contra Uribe cuando era congresista.

“César Reyes, el ‘juez’ que me encarceló, fue un contratista de Usaid al servicio del acuerdo de amnistía de Santos con los narcoterroristas de las Farc”, inicia el trino de Uribe, en inglés. En esas primeras dos líneas aparecen las primeras endebleces del discurso del exjefe de Estado, pues omite las labores de Reyes.

Antes de ser magistrado en la aún joven Sala Especial de Instrucción, con la que la Corte Suprema de Justicia investiga a congresistas por delitos conectados con sus funciones legislativas, Reyes fue un abogado consultor, y fue gracias a su trayectoria que llegó a un proyecto de Usaid en particular.

Como se muestra en el documento Institucionalidad socavada: Justicia local, territorio y conflicto en la subregión sur de Córdoba, de la Fundación Ideas para la Paz, el magistrado reyes fue coordinador del componente ‘Fortalecimiento de la Justicia local y del Proceso de Restitución de Tierras’ en Usaid, como contratista.

En concreto, el cargo de Reyes se limitaba al proyecto de Acceso a la Justicia de Usaid, un programa con el que la agencia gubernamental extranjera financiaba y participaba en investigaciones sobre barreras de acceso a la justicia, historias en medios de comunicación y colaboraciones con oenegés, como Ideas para la Paz.

Siendo consultor, el togado Reyes tenía una firma, de la que ya no es representante, llamada Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda. Esa empresa en 2016 celebró un contrato de prestación de servicios con el Fondo de Programas Especiales para la Paz, de la presidencia entonces de Juan Manuel Santos.

El contrato de prestación de servicios Número 148 de 2016 buscaba que Nueva Justicia hiciera una investigación de campo para la “identificación, verificación y análisis de las condiciones jurídico-carcelarias en que se encuentran las personas que aparecen enlistadas por pertenecer o colaborar” con las antiguas Farc.

De acuerdo con el convenio, Nueva Justicia, de la que Reyes era subgerente, la compañía había participado en capacitaciones para el Inpec y en otras labores que permitían cierta cercanía con las cárceles. Su labor, entonces, era hacer un informe, hecho bajo su propia metodología, sobre los presos farianos.

La contratación, de más de $575 millones, estuvo a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que administraba el Fondo de Programas Especiales para la Paz. Entonces, Reyes no estuvo “al servicio del acuerdo de amnistía de Santos”, sino de una etapa de recolección de información.

El resultado de la investigación de la consultora era clave para el Gobierno de entonces, porque el Acuerdo de Paz implicaba algunas medidas administrativas para los hoy excombatientes que estaban encarcelados, pero no significó un trabajo directo de Reyes con el Acuerdo ni con el proceso de negociación.

Y el Acuerdo, en todo caso, no ofrece solamente amnistías, pues diseñó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene consigo un tribunal para juzgar los más graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos tanto por firmantes de paz como por militares en el marco del conflicto armado.

Las únicas amnistías ofrecidas por vía de decretos presidenciales son las relacionadas con delitos políticos, como la rebelión o la asonada. Uribe reafirma su postura de “oposición” al Acuerdo de Paz, acusa a Reyes de haber sido contratista del gobierno de Santos y manifiesta que Santos “ignoró” el plebiscito en el que ganó el No.

“El acuerdo con las Farc legalizó el narcotráfico y Colombia perdió el Plan Colombia, catorce billones de dólares contribuidos por los Estados Unidos”, subrayó Uribe, en otra declaración falsa, puesto que el narcotráfico sigue siendo un delito y el expresidente estadounidense Joe Biden le pidió al Senado enviar a Colombia 135 millones de dólares para combatirlo en 2024.

Uribe sostuvo que Reyes lo “encarceló”. Sin embargo, la labor del magistrado fue investigar al entonces senador integtrante del partido que fundó, el Centro Democrático, y presentar una ponencia para que otros cinco integrantes de la Sala de Instrucción votaran. La decisión de enviarlo a prisión preventiva fue unánime, con solo una aclaración de voto, de Francisco Farfán, quien dijo que su postura no podía interpretarse como “disidencia”.

Por último, Uribe cita publicaciones de 2019 para decir que César Reyes trabajó “estrechamente” junto a Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda, a quien la justicia ha certificado como víctima en el caso de presunta manipulación de testigos por el que el expresidente tuvo una medida de aseguramiento.

El exmandatario remarcó que tanto Reyes como Rueda fueron contratistas de Usaid, lo que es cierto, pero omitió que, aunque ambos estuvieron en Usaid, Reyes fue parte del componente Fortalecimiento de la Justicia Local, y Rueda, del Componente de Género del Proyecto de Acceso a la Justicia. Es decir, aunque fueron contratistas de la agencia estadounidense, no compartían funciones, lo que debate la cercanía que el exlegislador alega.