Condenan a exsecretaria del Tribunal de Santa Marta por ocultar sentencia judicial
La sentencia, dictada en primera instancia, también impone una inhabilidad de 65 meses para ejercer funciones públicas.
Imagen de referencia de juez. Foto: Getty Images / RUNSTUDIO
Ilse Paulina Martínez Visbal, exsecretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, fue condenada a cinco años y cuatro meses de prisión por ocultar y desaparecer un fallo judicial que ordenaba la captura de un abogado condenado. La sentencia, dictada en primera instancia, también impone una inhabilidad de 65 meses para ejercer funciones públicas.
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Luego de un proceso judicial en el que la Fiscalía General de la Nación presentó diversas pruebas, un juez penal de conocimiento determinó que Martínez Visbal incurrió en el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Los hechos que motivaron la condena se remontan al 12 de octubre de 2011, cuando el Tribunal Superior de Santa Marta ratificó en segunda instancia una sentencia de 45 meses de prisión contra un abogado implicado en la defraudación del Instituto de Seguros Sociales (ISS).
Tras esta decisión, el expediente quedó bajo la responsabilidad de Ilse Paulina Martínez Visbal, quien en su calidad de secretaria de la Sala Penal, tenía la obligación de tramitar el fallo para su ejecución. Sin embargo, en lugar de seguir el procedimiento establecido por la ley, ocultó el documento y remitió el expediente de manera incompleta y directa a un juzgado de ejecución de penas. Esta omisión impidió que se hiciera efectiva la captura del abogado, permitiéndole eludir la condena impuesta en su contra.
La investigación realizada por la Fiscalía permitió demostrar que la conducta de la exfuncionaria judicial favoreció al abogado sentenciado, impidiendo que las autoridades conocieran y ejecutaran la orden de detención. La omisión de Martínez Visbal representó una grave afectación a la administración de justicia, al alterar el curso normal del proceso y obstaculizar la aplicación de una sanción previamente determinada por el Tribunal.
La sentencia dictada en su contra es de primera instancia, por lo que la exsecretaria aún cuenta con la posibilidad de interponer los recursos de ley correspondientes. Además, el fallo establece que la condena deberá cumplirse bajo la modalidad de prisión domiciliaria, al tiempo que la inhabilita por más de cinco años para ocupar cargos públicos.
Este caso pone en evidencia los riesgos de corrupción dentro del sistema judicial y refuerza la importancia de la vigilancia sobre el actuar de los funcionarios encargados de garantizar la legalidad en los procesos. La decisión del juez marca un precedente sobre la responsabilidad de quienes, desde sus cargos, están llamados a proteger la transparencia y la correcta aplicación de la justicia.
