CIDH pidió a Ecuador cuidar la salud del exvicepresidente Jorge Glas, al que México dio asilo
La CIDH realizó una visita a Glas el pasado 28 de octubre de 2024, y a partir de ello emitió este 12 de febrero un dictamen donde instó al Estado ecuatoriano a realizar a Glas una evaluación médica completa en un hospital.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este martes 12 de febrero a Ecuador tomar medidas para proteger la salud y vida del exvicepresidente correísta Jorge Glas, para lo que pidió que se le realice una evaluación médica completa en un hospital y que se mejoren sus condiciones carcelarias, lo que incluye su salida de La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.
La CIDH aceptó el pedido realizado por el equipo legal de Glas de ampliar las medidas cautelares que ya le había otorgado en 2019, al advertir que “su salud mental atraviesa por un estado de especial gravedad”, por lo que exhortó al Estado ecuatoriano a atender debidamente su salud tanto física como mental.
Sin embargo, la Comisión no ordenó al Estado ecuatoriano su inmediata liberación y reconocimiento del estatus de asilado otorgado por México para que sea acogido en ese país, conforme solicitaba su equipo legal.
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Glas fue nuevamente encarcelado en abril de 2024 dentro de la Embajada de México en Quito por agentes policiales que asaltaron la sede diplomática horas después de que el exvicepresidente recibiese asilo diplomático del Gobierno mexicano, al declararse perseguido político frente a las condenas y casos de corrupción que acumula en Ecuador desde 2017.
En el momento de su detención, el exvicepresidente, uno de los hombres fuertes dentro del Gobierno del presidente Rafael Correa (2007-2017), tenía pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos casos de corrupción, mientras que había sido imputado en un tercer caso por presunto desfalco de fondos.
En meses anteriores, sus abogados habían alertado de un “riesgo inminente” de un posible nuevo intento de suicidio por parte de Glas al recibir más de cuarenta fármacos al día, algunos de ellos psiquiátricos, luego de que presuntamente el exvicepresidente tratase de quitarse la vida con una sobredosis de fármacos a los pocos días de haber sido nuevamente encarcelado.
Bajo ese contexto, la CIDH realizó una visita a Glas el pasado 28 de octubre de 2024, y a partir de ello emitió este martes 11 de febrero un dictamen donde solicitó al Estado ecuatoriano a realizar a Glas una evaluación médica completa en un hospital y a mantener una mesa técnica independiente que permita dirimir discrepancias y cumplir con estas medidas cautelares.
“Tras la valoración médica y el tratamiento recomendado, el Estado debe actuar con absoluta diligencia y tomar en cuenta las valoraciones científicas de la mesa técnica y asegurar que las condiciones de detención, ya sea que estas ocurran en un centro de detención o bien en un centro hospitalario si el beneficiario se encuentre recibiendo tratamiento hospitalario”, determinó la CIDH.
Entre las condiciones carcelarias exigidas por la CIDH está su traslado de La Roca a otra cárcel donde tenga una celda adaptada sin objetos que puedan usarse para autolesionarse, así como espacios iluminados, ventilados, limpios y no sobrepoblados, con acceso a servicios básicos.
También requirió personal capacitado con formación especializada en salud mental, detección de riesgo suicida y primeros auxilios psicológicos, además de evitar condiciones de aislamiento extremo y acceso a visitas familiares, contacto con abogados y asistencia religiosa si la desea.
Asimismo, la CIDH consideró necesario que el Estado ecuatoriano permita el acceso a mecanismos de supervisión independientes, y organizaciones externas institucionales debidamente acreditadas y especializadas para supervisar las condiciones de detención.
Otro requerimiento para Ecuador es llevar bitácoras de las acciones tomadas para la protección del beneficiario, que sean accesibles y transparentes y asegurar protocolos de intervención claros para responder a emergencias en situaciones de riesgo a la vida e integridad y de atención a personas con intentos suicidas.