Procuraduría lleva a juicio a 16 funcionarios de la SIC por irregularidades en visitas
El ente de control determinó que se habría vulnerado el derecho a la intimidad de los funcionarios de la Cancillería y la Registraduría a quienes se les extrajo información de sus dispositivos que ni siquiera tenían relación con la indagación.
Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero
La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal formuló cargos y llamó a juicio disciplinario a distintos funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presuntas irregularidades en las visitas que realizaron en 2024 a la Cancillería y la Registraduría en el marco de revisiones para verificar el cumplimiento de las reglas de contratación.
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Entre los disciplinados aparece el superintendente para la Protección de la Competencia de la época, Francisco Melo, quien actualmente es el director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, así como el coordinador del Grupo Élite de la SIC contra Colusiones Mario Alejandro Franco y otro grupo de 14 funcionarios y contratistas.
Los funcionarios de la Superintendencia van a juicio porque habrían solicitado y extraído información de computadores y celulares de servidores públicos de las entidades visitadas, que no correspondían al objeto de la averiguación preliminar que adelantaban, y pudieron afectar derechos fundamentales de los funcionarios.
“Conforme con lo analizado se ha evidenciado una posible infracción de normas disciplinarias. A ello hay que agregar que el acceso y extracción de información que tenía un carácter reservado y confidencial no puede quedar a merced de quien pudiera acceder eventualmente a la citada averiguación preliminar”, señala el auto de apertura de 180 páginas.
El documento de la Procuraduría expone lo vivido por distintos funcionarios de las dos entidades en mención, a quienes se les extrajo la información de sus celulares incluyendo aquellas de su esfera personal, familiar e íntima, lo cual ha resultado para el ministerio público reprochable e invasivo.
“Se extrajo toda la información del aparato celular de propiedad particular de la servidora pública Adriana del Pilar Guzmán Otálora, asesora de asuntos migratorios, consulares y servicio de atención al ciudadano de la Cancillería”, se expuso.
El proceso pasará a las Salas de Juzgamiento de la Procuraduría para que se adelante el juicio y se determine si los funcionarios y contratistas reciben alguna sanción o por el contrario son absueltos.
