¿En qué entidades pueden embargar el sueldo en Colombia?

En Colombia, el embargo de salarios es una medida legal utilizada para garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras cuando un deudor no ha cumplido con sus compromisos. Este proceso está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y otras normativas complementarias, que establecen las condiciones y limitaciones bajo las cuales se puede efectuar un embargo salarial.

Diversas entidades en Colombia tienen la facultad de solicitar el embargo del salario de un trabajador, siempre y cuando medie una orden judicial o se cumplan condiciones específicas establecidas por la ley. Entre estas entidades se encuentran:

• Entidades Financieras y Acreedores Privados: Pueden solicitar a un juez el embargo del salario en casos de deudas impagas, como créditos bancarios, préstamos personales o deudas comerciales. Es fundamental que exista una sentencia judicial que respalde dicha acción.
• Autoridades Tributarias: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la facultad de embargar salarios para recuperar deudas fiscales, como impuestos atrasados o multas impuestas por incumplimientos tributarios.
• Cooperativas Legalmente Constituidas: Estas entidades pueden embargar hasta el 50% del salario de un trabajador en caso de deudas adquiridas con ellas, incluso si el trabajador devenga un salario mínimo.
• Juzgados y Tribunales: En casos de obligaciones alimentarias, un juez puede ordenar el embargo de hasta el 50% del salario del deudor para garantizar el cumplimiento de estas responsabilidades.

El proceso para embargar el salario de un trabajador debe seguir una serie de pasos legales que aseguren el respeto a los derechos del deudor y el cumplimiento de las normativas vigentes:

1. Demanda Judicial: El acreedor debe interponer una demanda ante un juez competente, presentando evidencia de la deuda y solicitando el embargo del salario del deudor.
2. Notificación al Deudor: Una vez admitida la demanda, el deudor debe ser notificado oficialmente sobre el proceso en su contra, brindándole la oportunidad de presentar sus alegatos o llegar a un acuerdo de pago.
3. Orden de Embargo: Si el juez determina que procede el embargo, emitirá una orden dirigida al empleador del deudor, indicando el monto o porcentaje del salario que debe ser retenido.
4. Retención por Parte del Empleador: El empleador está obligado a acatar la orden judicial, deduciendo del salario del trabajador el monto especificado y consignándolo a favor del acreedor según las instrucciones del juez.

La legislación colombiana establece ciertas protecciones para los trabajadores en relación con el embargo de sus salarios:

• Inembargabilidad del Salario Mínimo: Como regla general, el salario mínimo legal mensual vigente es inembargable, excepto en casos de deudas por obligaciones alimentarias o con cooperativas legalmente autorizadas, donde se puede embargar hasta el 50% del salario.
• Excedente del Salario Mínimo: Para salarios superiores al mínimo, es embargable hasta la quinta parte (20%) del excedente sobre el salario mínimo. Por ejemplo, si un trabajador gana el doble del salario mínimo, se podría embargar hasta el 20% de la cantidad que excede el salario mínimo.
• Prestaciones Sociales: Las prestaciones sociales, como primas, cesantías e indemnizaciones, son inembargables, salvo en casos de obligaciones alimentarias o deudas con cooperativas.

Obligaciones del empleador

Cuando un empleador recibe una orden judicial de embargo sobre el salario de uno de sus empleados, tiene la responsabilidad de:

• Cumplir con la Orden Judicial: Realizar las deducciones correspondientes del salario del trabajador y consignarlas según las indicaciones del juez.
• Informar al Trabajador: Notificar al empleado sobre la recepción de la orden de embargo y los detalles pertinentes.
• Abstenerse de Despedir al Trabajador por Motivo del Embargo: El embargo de salario no constituye una causa justa para la terminación del contrato laboral.

El incumplimiento por parte del empleador de una orden judicial de embargo puede acarrear sanciones legales y la obligación de responder solidariamente por la deuda.