Grave panorama humanitario en Colombia: Defensoría alerta sobre 11 focos de conflicto

La Defensoría del Pueblo emitió un informe en el que identifica al menos once focos de emergencia humanitaria en diferentes regiones del país, con desplazamientos, confinamientos y amenazas constantes contra comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como contra la población infantil y juvenil.

De acuerdo con el reporte, al menos diez grupos armados ilegales —incluidos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y disidencias lideradas por alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá Córdoba’— estarían detrás de la escalada de violencia. También aparecen mencionadas organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos, señaladas de expandir su influencia en varios departamentos.

“La situación humanitaria que estamos presenciando es alarmante. El conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales”, sostuvo la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Uno de los casos más críticos se registra en la subregión del San Juan, en Chocó, donde enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han forzado a cerca de 1.600 personas a huir de sus hogares o a permanecer confinadas desde el 4 de febrero.

La Defensoría advierte que disidencias bajo el mando de alias ‘Mordisco’ estarían colaborando con el Clan del Golfo para disputarle el control territorial al ELN. En paralelo, un paro armado de 72 horas anunciado por esa guerrilla dificulta la movilidad y la navegación fluvial en la zona, mientras la presencia de minas antipersona cerca de escuelas agrava la situación de riesgo.

Según la Defensoría, el 73% de los municipios de Colombia afronta la presencia de grupos ilegales que, en los últimos años, han incrementado su poder.

El llamado urgente desde la entidad invita a las autoridades a adoptar medidas inmediatas, basadas en las alertas tempranas, y a la comunidad internacional a reforzar los esfuerzos humanitarios.

Asimismo, exhorta a los actores armados a respetar los derechos fundamentales y la normatividad internacional, especialmente en lo relacionado con la protección de la población civil y la no vinculación de menores de edad.

La Defensoría concluye que, pese a la gravedad del panorama, no se descartan soluciones si existe un compromiso real de las instituciones del Estado y la colaboración de organismos internacionales para proteger a las comunidades más afectadas.