JEP asegura que falsos positivos no fueron política oficial de la Seguridad Democrática
La JEP reveló que las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia no fueron parte de la política oficial de Seguridad Democrática. Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento, explicó que no se hallan pruebas de órdenes escritas para cometer estos crímenes, aunque sí se identificaron presiones e incentivos militares que facilitaron su ocurrencia.
La magistrada Catalina Díaz. EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega (EFE)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó avances en la investigación por los llamados ‘falsos positivos’ en Antioquia, ocurridos entre 2004 y 2007, al imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales retirados y 25 oficiales del Ejército Nacional. Las víctimas, 442 personas asesinadas y desaparecidas forzadamente, habrían sido presentadas como bajas en combate para inflar resultados operacionales.
En rueda de prensa, la presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, resaltó que, aunque hubo un patrón a escala nacional de asesinatos y desapariciones de civiles, no se ha encontrado un sustento oficial que vincule estas prácticas con la Política de Seguridad y Defensa Democrática ni con otros documentos institucionales.
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“Hemos esclarecido que esta política, de facto, o sea en la práctica, no surge del documento oficial de la Política de Seguridad y Defensa Democrática, ni del Plan Patriota, ni del Manual de Estado Mayor 3-50”, señaló.
Díaz explicó que la investigación se ha nutrido de testimonios y documentos que revelan presiones militares, incentivos y objetivos estratégicos que derivaron en la comisión de estos crímenes.
Asimismo, subrayó la existencia de reuniones de alto nivel en Antioquia, en 2006, donde delegados del gobierno nacional y las Fuerzas Militares discutieron posibles medidas para frenar el incremento de estos hechos. Entre ellas figuraba el refuerzo de la participación de la Fiscalía en los levantamientos de cuerpos, debido a que en muchos casos los militares realizaban las diligencias de forma directa.
De acuerdo con la JEP, los cuatro generales retirados —Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria— habrían favorecido una política de “conteo de cuerpos” que incentivó el asesinato de civiles. Junto a ellos, se imputó a 25 oficiales y 10 suboficiales por su presunta implicación en la ejecución sistemática de estas muertes ilegales. También se incluyó la participación de dos civiles, señalados como reclutadores de víctimas a cambio de pagos.
Díaz enfatizó que la competencia de la JEP no abarca a expresidentes, por lo que las investigaciones se centran en los niveles militares y otros actores vinculados. Añadió que todas las determinaciones “presupondrán una pesquisa muy a fondo”, basada en “cientos de documentos, versiones y testimonios”. Según la magistrada, en Antioquia se registró un aumento sostenido de los “falsos positivos” hasta 2004, tendencia que a nivel nacional llegó a su mayor pico entre 2006 y 2007.
