El Ministerio de Salud y Protección Social presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de nulidad contra el Auto 007 de 2025, emitido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.

La decisión cuestionada declaró insuficiente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024, lo que, según el Ministerio, vulneraría el debido proceso y afectaría la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

En el documento, radicado por el director jurídico encargado del Ministerio, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, se argumenta que la decisión del alto tribunal incurrió en defectos fácticos y jurídicos que afectan la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

El origen del debate: la UPC y el financiamiento del sistema de salud

La Unidad de Pago por Capitación es el valor que el Estado reconoce a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado, con el fin de garantizar la prestación de los servicios incluidos en el plan de beneficios. Su cálculo está basado en variables como el perfil epidemiológico, los costos del servicio y la tecnología disponible.

A finales de 2023, el Ministerio de Salud fijó la UPC de 2024 a través de la Resolución 2364 de 2023.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante el Auto 007 de 2025, declaró insuficiente el monto determinado, al considerar que no cumplía con los parámetros establecidos en la Sentencia T-760 de 2008, que ordena garantizar la sostenibilidad del sistema y el acceso efectivo a los servicios de salud.

La Sala Especial de Seguimiento argumentó que el monto definido por el Ministerio no reflejaba los costos reales del servicio ni aseguraba la financiación necesaria para cumplir con los derechos fundamentales de la población. En consecuencia, instó al Gobierno a revisar los criterios utilizados para establecer la UPC.

Argumentos del Ministerio para solicitar la nulidad

El Ministerio de Salud sostiene que el Auto 007 de 2025 vulnera el debido proceso, ya que no se le permitió ejercer adecuadamente su derecho a la defensa antes de que se tomara la decisión. Además, argumenta que la Sala de Seguimiento se extralimitó en sus funciones al intervenir en la determinación de una política pública que, por ley, corresponde al Ejecutivo.

Según el documento de nulidad, la Corte Constitucional no tiene competencia para modificar o invalidar decisiones administrativas sobre la fijación de la UPC, pues estas se toman con base en estudios técnicos y criterios de sostenibilidad fiscal. En su escrito, el Ministerio cita precedentes jurisprudenciales que indican que el control judicial de estas decisiones debe realizarse a través de mecanismos específicos, y no mediante autos de seguimiento.

Asimismo, el Ministerio advierte que la decisión del tribunal pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema de salud, ya que podría generar incertidumbre sobre los recursos disponibles y afectar la planeación del sector.

El impacto de la decisión en el sistema de salud

La declaración de insuficiencia de la UPC de 2024 ha generado inquietud en el sector salud, en medio de un contexto de reformas y tensiones en el modelo de financiamiento. Si la nulidad solicitada por el Ministerio es aceptada, el Auto 007 quedaría sin efectos, y se mantendría la UPC definida por el Gobierno para este año.

Por el contrario, si la Corte Constitucional mantiene su decisión, el Ministerio deberá revisar y ajustar el monto asignado a la UPC, lo que podría implicar una reasignación de recursos o la búsqueda de fuentes adicionales de financiación.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud y el papel de la Corte en su regulación continúa abierto, mientras el Gobierno y las entidades del sector esperan la respuesta del alto tribunal sobre la solicitud de nulidad.