Procurador pidió a la Corte tumbar facultades de intervención de la Supersubsidio
El jefe del Ministerio Público solicitó que se declaren inexequibles las disposiciones, con efectos diferidos, al considerar que adolecen de un marco normativo que permita algún abuso en su aplicación.
Gregorio Eljach | Foto: EFE / Carlos Ortega (EFE)
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, en concepto rendido ante el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, le pidió a la Corte Constitucional que se declare inexequible el artículo 7 del decreto 2150 de 1992, que permite al Superintendente de Subsidio Familiar intervenir las entidades vigiladas, como las cajas de compensación familiar e imposición de multas, entre otras facultades.
La participación del jefe del ente de control se adhirió a la demanda que está en estudio del alto tribunal la cual busca ‘tumbar’ dichas facultades de intervención de la Supersubsidio; la acción judicial, precisamente, solicita la inexequibilidad de dicho artículo al considerar que se permiten funciones de inspección, vigilancia y control sin determinar el marco de control previo.
“Igualmente plantea un consecuente principio de desconocimiento del principio de reserva de ley en materia de inspección, vigilancia y control como forma de restricción de libertades”, se lee.
Lea también:
El procurador Gregorio Eljach respaldó la demanda y pidió que se declaren inexequibles, con efectos diferidos, tales disposiciones demandadas, puesto que concluye que no se definieron los elementos mínimos para el ejercicio de las facultades administrativas por lo cual se genera un riesgo de actuaciones arbitrarias bajo tal “indeterminación”.
“La norma así dispuesta ostenta una generalidad que no puede ser razonablemente precisada, ya que no ofrece los elementos que permitan comprender o dar certeza sobre las causales de procedencia de la vigilancia o de la intervención, de su finalidad, ni de forma alguna de remisión que permita dar claridad al tema”, indicó el jefe del ente de control.
Asimismo, se cuestionó la posibilidad actual del Supersubsidio de decretar medidas cautelares en un proceso de intervención y vigilancia porque, aunque se fija un límite a las multas, no se determinó el proceso a seguir ni los criterios para su procedencia. “En estos términos, para el Ministerio Público, las normas acusadas no cumplen con las exigencias de los principios de legalidad ni debido proceso”, añade el concepto.
La solicitud de inexequibilidad con efectos diferidos planteada por Eljach busca que se permita un plazo razonable al Congreso para que tramite una norma que delimite el procedimiento que pueda aplicar la Supersubsidio en sus funciones de vigilancia y control, sin afectar las actuaciones que actualmente adelanta la Superintendencia.
