Procuraduría cuestionó duramente procedimientos de la SIC en inspección a Naturgas
El ente de control aseguró que hubo irregularidades en los documentos que justificaron la diligencia y la legalidad en la práctica de pruebas.
Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero
La Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública, en cabeza del procurador Marcio Melgosa, presentó duras conclusiones tras el acompañamiento que prestaron a la inspección de la SIC a Naturgas.
En el documento del ente de control, se expuso y se criticó, por ejemplo, que el personal de la Superintendencia no contaba con la documentación que justificara la indagación, tal como el acto administrativo que diera inicio a la averiguación preliminar, y la diligencia fue desordenada y a cargo de personal de poca jerarquía.
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“El despacho, como lo denomina la SIC, se encuentra conformado por 4 contratistas por prestación de servicios, y un funcionario público de cargo profesional universitario. El despacho no tiene conocimiento del acto administrativo que inicia la averiguación preliminar, ni el expediente administrativo de esta”, se lee.
Pero, además, el Ministerio Público cuestionó que se practicaron distintas pruebas que comprometían la privacidad de los “interrogados” sin orden judicial.
Dentro de los episodios que se detallaron en las actas aparecen, por ejemplo, el relacionado con la inspección del teléfono de la directora de Naturgas, Luz Stella Murgas, a quien se le buscó extraer información sin contar con autorización de un juez, y se accedió a sus chats por fuera del periodo objeto de la averiguación preliminar.
Lo anterior fue testificado por la propia Murgas ante los enviados de la Procuraduría.
“En consecuencia, si bien la SIC puede realizar visitas de inspección sin previo aviso para garantizar la efectividad de sus investigaciones, estas diligencias no pueden vulnerar el derecho a la intimidad mediante la práctica de pruebas que estén sujetas a reserva judicial, como interceptaciones o registros sin orden judicial”, señalan las actas.
Asimismo, el Ministerio Público cuestionó que la inspección no contara con una delimitación debida. También lamentó las serias presuntas irregularidades frente al control de legalidad de lo recaudado por la SIC al no tener claridad sobre la naturaleza de la diligencia administrativa.
