Procuraduría pidió a autoridades del Atlántico medidas urgentes frente al hacinamiento carcelario
El ente de control evidenció altos porcentajes de sobrepoblación en estaciones de Policía y centros de reclusión del territorio. Solo en Barranquilla, el hacinamiento llega al 380%.

Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero
En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las entidades competentes tomar medidas urgentes para garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad (ppl) en estaciones de Policía y centros de reclusión del Atlántico.
De acuerdo con el ente de control, en labores de seguimiento se evidenciaron altos porcentajes de hacinamiento en el territorio, incluso llegando al 380% en estaciones de Policía de Barranquilla y Soledad.
Desde el Ministerio Público también detallaron que, encontraron deficiencias en las condiciones de reclusión en visitas a 9 estaciones de policía, 2 Centros Transitorios de Detención, 2 Centros de Rehabilitación y 2 Centros de Atención Inmediata (CAI) ubicados en Barranquilla, Puerto Colombia, Malambo, Soledad y Galapa.
Entre las situaciones identificadas, se encuentra la falta de infraestructura, el acceso limitado al agua potable, la higiene deficiente, carencia de atención médica permanente y el déficit en la alimentación en los centros.
Por lo anterior, a través de una actuación preventiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla requirió un informe a los mandatarios de Soledad y Galapa sobre los planes de financiación previstos en la presente vigencia, para mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas en detención preventiva, que se encuentran en las estaciones de policía de sus municipios.
“Así mismo, deberán reportar si al 12 de febrero de 2025 tienen convenios interadministrativos de integración vigentes con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el fin de garantizar el traslado y reclusión de las personas que se encuentran en calidad de condenadas en las diferentes estaciones de policía del municipio”, indicó el ente de control.
La Procuraduría también recordó que los alcaldes son la primera autoridad de Policía de los municipios y que les corresponde conservar el orden público y, por tanto, “deben asegurar el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de detención preventiva” en los centros de reclusión.