Fiscalía imputó cargos a exsecretario de Infraestructura de San Andrés por presunta corrupción
Los cargos fueron imputados por supuestas “irregularidades en el proceso de contratación y en la ejecución del plan de mantenimiento y rehabilitación de vías” en el departamento.
Colprensa
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Alejandro Lozano Bowie, exsecretario de Infraestructura de San Andrés, y a los contratistas Carlos Julio Ramírez James, Marco Tulio Solano Glenn y Ricardo José Cogollo Ponce.
Las investigaciones adelantadas por el ente acusador posibilitaron la identificación de supuestas “irregularidades en el proceso de contratación y en la ejecución del plan de mantenimiento y rehabilitación de vías en el archipiélago de San Andrés”.
Lea también:
Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía demostraron que durante la fase previa de la contratación “no se realizaron los diseños ni estudios para establecer las condiciones técnicas del proyecto”, a su vez, tampoco se determinaron “los costos de los materiales y de las obras en general”.
De igual forma, la información recolectada al interior de la investigación permitió identificar que el oferente específico seleccionado para ejecutar el proyecto “no presentó la documentación completa ni acreditaba la experiencia suficiente para quedarse con el contrato”.
Alejandro Lozano Bowie, Carlos Julio Ramírez James, Marco Tulio Solano Glenn y Ricardo José Cogollo Ponce fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, esto por “vulnerar principios esenciales como transparencia, planeación, responsabilidad y economía”.
El contrato acordado entre la gobernación de San Andrés y un consorcio conformado por 17 empresas fue suscrito por más de $2.000 millones de pesos colombianos. Además, la administración departamental habría “autorizado el desembolso de un anticipo de $1.000 millones de pesos en favor de los contratistas”, dinero que estaba presupuestado para gastos no previstos, sin embargo, las obras nunca se ejecutaron.
Finalmente, los imputados no aceptaron los cargos y se declararon inocentes.
