La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia.

Con este recurso, el también exsenador buscaba la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia.

La decisión judicial permite la reanudación del juicio oral en su contra.

En el fallo, el Tribunal Superior determinó que la acción constitucional promovida por el exmandatario no cumplía con los requisitos de procedibilidad.

“Declarar improcedente el amparo constitucional deprecado por el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a través de apoderado”, se lee en el pronunciamiento. Esta determinación implica que la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien lleva el caso, podrá retomar el juicio conforme a lo establecido en la parte motiva de la decisión judicial.

Con la declaración de improcedencia, el Tribunal ordenó levantar la medida provisional que había sido decretada previamente en el proceso. “En consecuencia, una vez sea notificada de esta determinación, la juez 44 Penal del Circuito, cuenta con la potestad de reanudar el juicio oral dentro del radicado 110016000102-2020-00276-00 cuando lo considere pertinente”, precisa la resolución.

Argumentos de la defensa

El abogado Jaime Granados, defensor del exsenador, argumentó que el 10 de febrero, durante una audiencia del juicio oral, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, habría vulnerado el debido proceso al rechazar de plano una recusación presentada contra la jueza. Según la defensa, la funcionaria judicial habría incurrido en actuaciones que comprometían su imparcialidad, descalificando constantemente la defensa, priorizando la celeridad procesal sobre las garantías del acusado y negando pruebas de descargo relevantes.El recurso de tutela también se sustentó en que la jueza, según la defensa, incumplió el deber de tramitar debidamente la recusación y no permitió un debate adecuado sobre su imparcialidad en el caso.“Se han desconocido las garantías procesales mínimas para la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez, lo que atenta contra el principio de imparcialidad y equidad judicial”, señaló el abogado del exmandatario en el documento radicado ante el Tribunal.

Decisión del alto tribunal

El Tribunal, tras revisar los argumentos y las pruebas presentadas, concluyó que la jueza actuó dentro del marco legal y que el rechazo de la recusación no implicaba una vulneración a los derechos fundamentales de Uribe Vélez. En su fallo, el Tribunal enfatizó que la recusación presentada no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, el cual regula las causales de impedimento y recusación de jueces. “No se evidencia una violación del derecho al debido proceso ni una afectación sustancial que justifique la intervención de la tutela”, precisa el fallo.Adicionalmente, el fallo menciona que la Fiscalía y la vocería de las víctimas se opusieron a la recusación y respaldaron la continuidad del proceso con la jueza actual. Por su parte, el Ministerio Público solicitó que se garantizara el trámite adecuado, sin que ello interrumpiera el desarrollo del juicio.“La jueza 44 Penal del Circuito ha actuado dentro de sus competencias y conforme a la normatividad procesal”, señala el documento.El Tribunal también subrayó que la jueza tiene la facultad de reanudar el juicio sin necesidad de esperar nuevas decisiones. “La continuación del juicio es un acto necesario para la garantía de justicia y transparencia en el proceso”, destaca el fallo.Finalmente, el Tribunal reiteró que la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, cuenta con la potestad de continuar el juicio conforme a lo establecido en la parte motiva del fallo, lo que implica que el proceso contra el exmandatario podría reanudarse en cualquier momento.“Esta determinación se toma en garantía del principio de celeridad y en cumplimiento de los derechos de todas las partes involucradas en el proceso penal”, concluye el Tribunal.