Ecuador capturó a doce personas por un secuestro atribuido a una disidencia de las Farc
Las autoridades ecuatorianas desarrollaron un operativo en tres puntos distintos, incluyendo a Quito, para dar con los responsables de la retención de Carlos Escudero.
Imagen de referencia de miembros de las fuerzas armadas de Ecuador en Guayaquil el 14 de febrero de 2025. AFP vía Getty Images / MARCOS PIN
Doce personas fueron detenidas este jueves en Ecuador por su presunta implicación en el secuestro de un director provincial del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), un plagio que los perpetradores reivindicaron en nombre del Frente 30, una de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Las detenciones se realizaron en un operativo simultáneo en tres puntos distinto de Ecuador: la capital Quito, la norteña ciudad andina de Tulcán, fronteriza con Colombia, y la localidad de Arenillas, situada en la costa sur del país, cercana a la frontera con Perú.
En el operativo los agentes confiscaron una docena de teléfonos móviles cuya información almacenada será sometida a análisis.
El secuestro fue denunciado el 13 de octubre de 2024 por los familiares de la víctima, Carlos Escudero, entonces director del IESS en la sureña provincia andina de Loja, fronteriza con Perú.
Los secuestradores decían pertenecer al Frente 30 y reclamaban 500.000 dólares para liberar a Escudero, a quien finalmente dejaron ir sano y salvo el 4 de noviembre, tras permanecer unas tres semanas cautivo por un grupo desconocido.
Desde inicios de 2024, Ecuador se encuentra bajo el “conflicto armado interno” declarado en por el presidente Daniel Noboa contra las bandas del crimen organizado, causantes de la escalada de violencia que llegó a situar en 2023 a Ecuador a la cabeza en índices de homicidios en Latinoamérica.
Contra las bandas, dedicadas principalmente al narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas, se han decretado también una serie de sucesivos estados de excepción para enfrentar con militares a la criminalidad, lo que incluyó la militarización de cárceles controladas por estos grupos delictivos.
