JEP extiende medida cautelar sobre archivos de la extinta Brigada XX del Ejército Nacional
La Jurisdicción Especial para la Paz prorrogó la protección de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de la extinta Brigada XX del Ejército Nacional, con el fin de asegurar su conservación y aportar a la verdad sobre el conflicto armado.
JEP imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Long Visual Press
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la prórroga de la medida cautelar que protege los archivos de inteligencia y contrainteligencia pertenecientes a la extinta Brigada XX del Ejército Nacional, con el fin de garantizar su preservación y contribuir a la búsqueda de la verdad en el contexto del conflicto armado en Colombia.
De acuerdo con la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, esta decisión responde a la necesidad de asegurar la integridad de la información almacenada en diversas dependencias del Ministerio de Defensa, así como de continuar con el proceso de análisis a cargo de las entidades involucradas.
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Según la providencia, “los archivos resultan de invaluable importancia para establecer la verdad y construir la memoria histórica sobre lo acontecido en el desarrollo del conflicto armado no internacional”.
El origen de estas medidas se remonta a una solicitud presentada por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), que manifestó la urgencia de proteger documentos que podrían contener evidencia de posibles vulneraciones de derechos humanos.
En desarrollo de este trámite, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP practicó inspecciones judiciales en sedes militares y procedió a digitalizar cientos de cajas con material que ahora se encuentra bajo estudio del Grupo de Análisis de la Información (GRAI).
La prórroga otorgada extiende la vigencia de la cautela por un año adicional, lapso que permitirá completar el proceso de revisión, indexación y traslado definitivo de los documentos al Archivo General del Ministerio de Defensa, con el acompañamiento de la JEP.
En un documento oficial, la Magistratura ha reiterado la importancia de que esta información continúe protegida para evitar su destrucción, alteración o acceso indebido.
Entre las consecuencias prácticas de la nueva prórroga se destaca la obligación de las autoridades competentes de conservar las restricciones de custodia y seguridad impuestas desde 2023.
Esto incluye la obligación de informar a la JEP cada movimiento de los archivos y limitar el acceso exclusivamente al personal autorizado.
El objetivo final es que los contenidos puedan ser evaluados a fondo y utilizados como insumo probatorio en futuras investigaciones y en los distintos macrocasos que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz.
