Sin seguridad, nada pasará: excomisionado Sergio Jaramillo por sustitución de cultivos en Catatumbo

El excomisionado para la paz y exjefe de negociación en el proceso con la desmovilizada guerrilla de las FARC, Sergio Jaramillo, respaldó la idea de impulsar un plan de sustitución de cultivos ilícitos en la región del Catatumbo (Norte de Santander), pero advirtió que la seguridad debe ser el primer paso para que esa estrategia sea efectiva. El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció esta iniciativa, que contempla la titulación de tierras como uno de sus pilares.

Jaramillo, quien participó en la formulación de programas de sustitución durante su paso por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, valoró la disposición de impulsar acciones de desarrollo rural. Sin embargo, enfatizó que “si usted primero no provee condiciones de seguridad, no va a llegar a ninguna parte”.

El excomisionado explicó que este punto fue previsto en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC y que “las comunidades no pueden comprometerse a erradicar la coca si se sienten amenazadas o sin respaldo estatal”.

Para Jaramillo, uno de los grandes aciertos que deben mantenerse en cualquier programa de sustitución es el enfoque territorial. Según sostuvo, no basta con entregar incentivos individuales: lo fundamental es trabajar con las comunidades de manera colectiva y ofrecerles una alternativa sólida.

“Lo principal es que usted tiene que tener primero un plan (...) si hay un acuerdo integral con la comunidad, se reduce el riesgo de que la gente reciba la ayuda y siga sembrando coca”, apuntó.

El exnegociador recordó la experiencia de sustitución en el sur del Meta, en la época en que se desempeñó como viceministro de Defensa. Allí, en dos años, se redujeron cerca del 90 % de los cultivos porque, asegura, se tuvo un buen plan de la mano con las comunidades.

Sobre la propuesta de titular predios a los campesinos de la región, Jaramillo destacó que es un avance, pero aclaró que “no es la herramienta principal”. Señaló que, además de la seguridad, el Estado debe garantizar presencia institucional e impulsar proyectos productivos más amplios que generen nuevas fuentes de ingreso en zonas históricamente golpeadas por la violencia y la economía ilegal.

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