Defensoría advierte sobre estigmatización del presidente Gustavo Petro a organizaciones en Catatumbo
La Defensoría del Pueblo respaldó la solicitud de ASCAMCAT para que el presidente Gustavo Petro rectifique sus declaraciones, mencionando que los señalamientos aumentan el riesgo para líderes y comunidades en la región.
Defensoría del Pueblo. Foto: Suministrada.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo que enfrentan las organizaciones sociales y campesinas en el Catatumbo debido a la estigmatización y la falta de una protección integral por parte del Estado.
En su trino, la Defensoría del Pueblo respaldó la solicitud de ASCAMCAT (Asociación Campesina del Catatumbo), en la que el martes, 4 de marzo, pidió al presidente Gustavo Petro rectificar sus declaraciones realizadas en un consejo de ministros televisado.
La organización campesina consideró que las palabras del mandatario, en las que afirmó que algunas organizaciones sociales estaban “permeadas por las armas”, afectan su labor y aumentan el riesgo de sus integrantes.
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A través de un comunicado publicado este miércoles, 5 de marzo, la entidad reafirmó su respaldo a las comunidades y su exigencia de garantías para el ejercicio de sus derechos en un contexto de violencia persistente.
Según la Defensoría, las organizaciones campesinas e indígenas de la región han desarrollado su labor en un entorno hostil, en donde grupos armados ilegales han vulnerado de manera estructural el principio de distinción del derecho internacional humanitario.
En este escenario, la ausencia de una respuesta efectiva del Estado ha permitido que estos actores ejerzan presión sobre la población civil, aumentando el riesgo para líderes y lideresas sociales.
“La Defensoría del Pueblo ha acompañado históricamente a las comunidades campesinas e indígenas del Catatumbo, fortaleciendo sus iniciativas de organización y defensa de los derechos humanos en el territorio”, señaló la entidad.
Uno de los puntos clave del pronunciamiento es la advertencia sobre los señalamientos que han recaído sobre las organizaciones sociales.
La Defensoría enfatizó que el Gobierno no debe contribuir a esta estigmatización, ya que esto profundiza los riesgos de seguridad para quienes defienden los derechos humanos y luchan por el reconocimiento de sus comunidades.
“No debe ser el Gobierno quien profundice esta estigmatización y riesgo. Los señalamientos agravan la situación en la que perviven las organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, y han servido, tanto recientemente en el Catatumbo como históricamente en Colombia, para justificar crímenes injustificables contra la población civil”, advirtió la entidad.
Ante este escenario, la Defensoría enfatizó la necesidad de que el Gobierno actúe como garante de derechos y proteja la autonomía de las organizaciones sociales frente al poder de los grupos armados no estatales.
“El Gobierno debe ser garante de derechos y el primero en respaldar y apoyar la autonomía de las organizaciones frente al poder violento de los grupos no estatales”, concluyó la entidad.
