El presidente Petro asegura que sin la conmoción interior en Catatumbo el país “perderá la frontera”

La senadora Paloma Valencia, del partido opositor Centro Democrático, le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el Decreto 62 de 2025, con el que el Gobierno nacional, con la firma del presidente Gustavo Petro y de todos los ministerios, declaró el estado de conmoción interior en Catatumbo.

Ante la solicitud de la congresista, el propio presidente Petro defendió públicamente el decreto, aseverando que sin la medida está en riesgo la frontera del país con Venezuela, la zona del noroccidente colombiano en la que se encuentran los municipios de Norte de Santander que pertenecen al Catatumbo.

Según el presidente, que escribió en su cuenta de X pasada la medianoche este miércoles, Valencia tiene un “afán de tumbar al Gobierno”. La senadora argumentó en su petición que el Gobierno “no expuso las razones detalladas por las cuales las leyes vigentes” serían insuficientes para la crisis nortesantandereana.

Valencia alegó, además, que el Ejecutivo “no identificó el marco normativo aplicable en materia de orden público”, sino que “se limitó a realizar afirmaciones de carácter general” que no daban cuenta de la necesidad de decretar una conmoción interior sin utilizar las herramientas jurídicas ordinarias.

Para el jefe de Estado, por el contrario, el estado de excepción sí está debidamente justificado. “Si no hay medidas de excepción en la frontera”, el país “perderá la frontera”. La crisis en el Catatumbo, insistió Petro, es “un problema de soberanía nacional”. “Es fácil probarlo”, remachó.

Actualmente, el Decreto 0065 del 24 de enero de 2025 está en manos de la Corte Constitucional, pues el alto tribunal examina automáticamente qué tan exequible —constitucional— o no son los estados de excepción, de acuerdo con las motivaciones que el Ejecutivo haya tenido para decretarlos.

El proceso en la Corte cuenta ya con más de una veintena de intervenciones, incluyendo la de la senadora Valencia y la de, por ejemplo, el abogado Abelardo de la Espriella, quien, al igual que la congresista, el 10 de enero le solicitó al Tribunal tumbar el decreto, argumentando supuestos vicios en las firmas y el fondo.

La Presidencia de la República defendió ante la Corte el decreto con un escrito radicado el 7 de febrero, firmado por Paula Robledo Silva, la secretaria jurídica de la Casa de Nariño que le presentó su carta de renuncia al presidente Petro. La Presidencia ratificó su postura de que la crisis pone en jaque la soberanía de la nación.

De acuerdo con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que cita un informe del Ministerio de Defensa, “la intensificación de las acciones del ELN, que busca controlar las rutas del narcotráfico y expandir su influencia territorial, representa una amenaza directa a la seguridad del Estado” y, por tanto, a la soberanía.

El Ministerio acotó que el 16 de enero el Ejército de Liberación Nacional lanzó “ataques coordinados”, haciendo referencia al inicio de los enfrentamientos entre la guerrilla y la disidencia de las Farc Frente 33, que también hace presencia en la región y que adelanta un proceso de diálogos con el Gobierno nacional.

La acometida del 16 de enero —un día después de la masacre en la que hombres en moto asesinaron a una pareja y su bebé en Tibú— fue el inicio de una serie de homicidios y salidas forzosas del territorio. El último balance de las autoridades, con corte al 28 de febrero, da cuenta de 55.320 desplazamientos forzados.

Siete firmantes de paz siguen desaparecidos, mientras que la fuerza pública ha evacuado a 52. El frente 33 ha visto a 106 de sus hombres someterse a las autoridades, lo que han hecho también cuatro elenos. Las fuerzas armadas aseguran haber recuperado treinta menores de edad que eran parte de los grupos.

“La capacidad” del ELN “para realizar ataques coordinados”, como los de enero, es “lo que pone en riesgo la integridad territorial y la soberanía nacional”, subrayó el documento que la Presidencia le envió a la Corte, que indica que la presencia ilegal amenaza “la zona de frontera más grande” de Colombia.

¿Qué otro decreto de conmoción interior en Catatumbo revisa la Corte Constitucional? Escuche aquí: