JEP insta al Gobierno a definir financiamiento de sanciones a exFarc
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exige al Gobierno aclarar quién y cómo financiará las sanciones impuestas a exjefes de las Farc, desatando un debate nacional sobre la responsabilidad estatal y el verdadero alcance de la reparación a las víctimas.
JEP, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / NurPhoto
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó al Gobierno Nacional a consolidar mesas de trabajo técnico para concretar cómo, cuándo y con qué recursos se ejecutarán las sanciones que deberán cumplir antiguos dirigentes de las Farc, acusados de secuestro y otros crímenes.
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La propuesta, presentada en un reciente auto de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento, detalla cuatro grandes proyectos de contenido reparador y restaurador: búsqueda de personas desaparecidas, labores de desminado, restauración ambiental y acciones de memoria histórica.
La JEP deja claro que estas tareas deben ser asumidas por las entidades del Estado, mientras los comparecientes —antiguos miembros del secretariado— se dedicarían a ejecutar de primera mano las acciones para resarcir parcialmente el daño causado, como la plantación de árboles o la elaboración de cartografías con posibles lugares de enterramiento.
El Tribunal para la Paz explicó que la cooperación institucional es innegociable en el marco de la justicia transicional. “Ellos lo ejecutan, pero el Gobierno lidera y financia”, subrayan los magistrados, advirtiendo que la inyección de recursos debe ir acompañada de una vigilancia estricta para que los planes no se estanquen ni se conviertan en letra muerta.
Por otro lado, la JEP especificó que los exintegrantes de la guerrilla no participarán en las discusiones técnicas de alto nivel. “Los comparecientes no deciden; esas son tareas del Estado”, insisten desde la jurisdicción. Aun así, se les permitiría asistir para hacer seguimiento, pues también son considerados sujetos procesales.
La decisión de la JEP está respaldada por la necesidad de verificar las condiciones en que se impondrán las sanciones, y se alinea con el criterio de que la justicia transicional busque reparación a las víctimas, garantías de no repetición y reconstrucción del tejido social. Aun así, la pregunta de quién paga el costo y cómo se administrará, sigue agitando la escena pública.
