Aumentan los registros de reclutamiento forzado de menores en Colombia durante 2024
En Colombia, la Defensoría del Pueblo advierte un alarmante aumento de menores reclutados por grupos armados irregulares: la cifra ya asciende a 463 casos en 2024, lo que representa más de 50 casos adicionales respecto al balance inicial.
La Defensoría del Pueblo asegura que las disidencias de las Farc son responsables de la mayoría de los casos de reclutamiento forzado de menores de edad(Colprensa)
La Defensoría del Pueblo dio a conocer recientemente que la cifra de niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos armados irregulares durante 2024 ascendió a 463, lo que supone un incremento de más de 50 casos con respecto al primer balance divulgado en enero de 2025.
Este informe actualiza los datos que, en su momento, señalaban 409 víctimas en ese periodo, dejando en evidencia la persistencia de uno de los más graves riesgos para la niñez en el contexto del conflicto armado.
Le puede interesar:
De acuerdo con la Defensoría, el departamento del Cauca encabeza la lista de regiones con mayor número de menores reclutados, superando los 300 casos. Putumayo y Valle del Cauca también figuran con cifras preocupantes que rondan los 20 y 18 casos, respectivamente. Aunque estos datos resultan significativos, las autoridades advierten sobre un subregistro que podría esconder más víctimas de las que se contabilizan de manera oficial.
“Continuamos recibiendo casos de reclutamientos presentados el año pasado, por lo que hoy la cifra asciende a 463”, puntualizó la Defensoría en sus últimos comunicados publicados en su cuenta oficial en X.
La entidad también enfatizó la urgencia de implementar acciones efectivas de prevención, fortaleciendo el rol de las familias, los centros educativos y las comunidades como entornos protectores.
Además de la prevención, la Defensoría destacó la necesidad de crear y reforzar canales seguros de denuncia que permitan investigar y judicializar a los responsables. Con ello, busca combatir la impunidad y garantizar una respuesta institucional que priorice los derechos de los menores.
