Procuraduría solicitó a la Corte Suprema condenar al exsenador Ciro Ramírez por corrupción

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenar al exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por corrupción derivada del escándalo de las 'Marionetas 2.0′. Para el ministerio público se probó la participación de Ramírez en tal acuerdo ilegal.

En la exposición realizada por el ente de control en su intervención ante la Sala, el material probatorio recaudado deja clara la participación de Ciro Ramírez en un entramado delincuencial, junto al exdirector del DPS, Pierre García Jacquier, para direccionar contratos en favor de la empresa “Proyecta” y otros, para obtener beneficios económicos y fortalecer el proyecto político del exsenador del uribismo.

Así, para la Procuraduría, en el documento conocido por W Radio, conforme a chats, audios y registros de ingreso al DPS que corroboran lo dicho por testigos del caso que han decidido colaborar con la justicia, tales como el gerente de Proyecta Quindío, Pablo César Correa, se evidencia que tal empresa tenía las condiciones perfectas para que se le amarraran contratos y se beneficiara a otras empresas más pequeñas ligadas a socios de Proyecta, todo al final, por intereses, según la Procuraduría, de “coimas” y electorales de Ciro Ramírez, acudiendo incluso a invitaciones privadas que ya estaban amarradas.

“Proyecta constituía la empresa ideal para la materialización de todo el entramado delictivo, en la medida que su naturaleza jurídica al ser una empresa industrial y comercial del estado, su actividad contractual es exceptuada de la aplicación de la Ley 80 de 1993, lo que evidentemente permitía contratar bienes, servicios y obras bajo su propio estatuto especial que no la obligaba a salir a contratar bajo un proceso licitatorio público en SECOP”, detalló el ministerio público.

Y agregó, que entonces “por consiguiente, les era fácil garantizar la selección del contratista deseado, por eso evidentemente fue que orquestaron presentar propuestas viciadas o que en su esencia provenían de un mismo oferente y, bajo este contexto, cobra sentido el testimonio de Pablo Cesar Herrea Correa en las indicaciones concretas que recibió para remitir invitaciones dentro de los procesos de contratación para las obras y consultorías de Quindío Varios y Saldaña”.

Para la Procuraduría “aterrizando al caso concreto, del material probatorio se colige, un interés indebido por parte del senador Ramírez Cortés desde su primera visita a Proyecta, oportunidad en la que se enteró en detalle de la naturaleza jurídica de la empresa y su flexibilidad en su operatividad a la hora de contratar bienes, servicios y obras, por cuanto se trataba de una empresa industrial y comercial del estado exceptuada del Estatuto General de la Contratación Pública”.

Además, todo este, de acuerdo con la Procuraduría, entramado ilegal, tuvo consecuencias que resultan palpables, puesto que en las elecciones al senado en 2022 donde Ciro Ramírez resultó electo, se presentó un importante caudal electoral en su favor en ciudades como Armenia y Manizales. De hecho, integrantes de Proyecta indicaron que al asesor Alejandro Noreña se le vio haciendo campaña por Ramírez.

“Finalmente, en lo referente a la idealización, liderazgo, organización y/o estructuración del entramado criminal, estima este despacho que para el excongresista le era justo y necesario contar, acordar y estructurar todo lo pertinente con el representante legal y/o “cabeza” de la entidad para la fecha, Pierre Jacquier, en la medida que, tal y como lo declararon diversos empleados del -DPS-, este era el encargado de viabilizar y definir el cauce de los proyectos a celebrarse”, se agregó.

Por otro lado, para la Procuraduría, frente al supuesto soborno de $1.000 millones que le habría entregado Pablo César Herrera, gerente de Proyecta, a Ciro Ramírez y a Pierre García para “amarrar” los negocios, no hubo evidencias de otro tipo que corroboraran la entrega de los dineros, pero bajo su interpretación el delito de cohecho propio se consuma con solo aceptar la oferta de la “coima”, lo cual habría ocurrido.

Para el ministerio público, Ciro Ramírez es responsable por los delitos de “concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos”, por ende, debe ser sentenciado.