Defensoría pide a la Corte Constitucional convocar audiencia pública sobre reforma pensional
La entidad consideró fundamental que la Corte escuche a los sectores más vulnerables del país, los cuales, a su juicio, se verán más beneficiados con esta reforma.
Defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto: EFE. / Carlos Ortega (EFE)
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional convocar una audiencia pública para abordar la reforma pensional y discutir los aspectos relevantes de la ley junto a su pertinencia.
Las razones que expuso la entidad para solicitar este recurso en cabeza de la defensora del Pueblo, Iris Marín, se basan en la necesidad que tienen los distintos sectores que se ven afectados y tienen un interés en la Ley 2381 de 2024, en que puedan participar del debate de la misma.
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“Por su importancia constitucional y su impacto en la materialización y garantía del goce efectivo de los derechos a la seguridad social y a la pensión de los trabajadores, beneficiarios o cotizantes, debe ser sometido al más amplio debate posible”, se puede leer en la solicitud.
De la misma forma, la Defensoría del Pueblo consideró fundamental en esta propuesta de diligencia, la participación de los grupos sociales que, según su postura, a lo largo de la historia en el territorio colombiano “han sido discriminados o excluidos del sistema de seguridad social” como la población indígena, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, las comunidades campesinas y trabajadores informales”.
Para la Defensoría, esta población tendría un beneficio con la ampliación de la cobertura en la protección de la vejez por medio de la renta solidaria, la renta vitalicia y la pensión de acuerdo a las medidas de diferenciación positiva expuestas en la ley.
La Defensoría sugirió que la Corte Constitucional escuche las voces de las siguientes organizaciones:
- Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
- Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).
- Autoridades Indígenas de Colombia y Gobierno Mayor (AICO).
- Asociación Campesina Indígena de Colombia (ASCIC).
- Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO).
- Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF).
- Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas.
- Confederación de Pescadores Artesanales (CONAPACH).
- Asociación de Mujeres Araucanas Trabajadoras (AMAR.T).
- Unión de Trabajadoras Afrodescendientes del Servicio Doméstico (UTRASD).
- Unión de Trabajadores de las Plataformas Digitales (UNIDADPP).
- Asociación de Pensionados de Colombia.
- Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT). - Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo de Colombia (USO).
- Federación Colombiana de Educadores (FECODE). - Asociación de Pequeños Transportadores (APRETRANS).
Por último, la defensora Iris Marín le planteó a la Corte Constitucional considerar las posturas de todos los sectores mencionados anteriormente y de los demás que crea pertinentes para la resolución del debate constitucional debido a la relevancia que tiene la Ley 2381 de 2024, “por la materialización de contenidos de la Constitución y la protección de personas en situación de vulnerabilidad”.
Cabe resaltar que la reforma pensional está en discusión al interior de la Sala Plena de la Corte a la espera del concepto del nuevo procurador general, Gregorio Eljach, para determinar su exequibilidad o no.
