Incertidumbre en la defensa de firmantes de paz tras el fin del convenio con la JEP
La defensa de firmantes del acuerdo de paz quedó en vilo tras el vencimiento de un convenio con la JEP, dejando a los profesionales sin garantías contractuales y a los comparecientes sin asesoría legal.
Un excombatiente de las Farc resultó herido cuando un disidente lo atacó en el espacio de reincorporación de la vereda Filipinas, en Arauca. Foto: Getty Images(Thot)
El sistema de asesoría y defensa para los firmantes del acuerdo de paz de 2016 enfrenta una suspensión de sus labores desde el pasado 11 de marzo, luego de que el Convenio 631 de 2024 finalizara sin que se garantizara la continuidad contractual de los equipos especializados.
Dicho convenio, firmado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), respaldaba la vinculación de abogados, analistas, psicólogos y otros profesionales al denominado Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD).
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El acuerdo de paz, suscrito hace nueve años, estableció que la Secretaría Ejecutiva de la JEP (SEJEP) debía asegurar la autonomía y la permanencia de este sistema de defensa. Sin embargo, integrantes del equipo de defensa señalan que, desde las primeras horas del 11 de marzo, “los firmantes de la paz se encuentran desprovistos de defensa ante la JEP” al no existir contratos vigentes que les permitan ejercer su labor.
Según la organización, “ningún abogado o abogada, analista, psicólogo o psicóloga, enlace o asesor cuenta con garantías contractuales y de seguridad para ejercer el derecho a la defensa”. Esto les impide asistir a audiencias, realizar desplazamientos necesarios y acompañar de manera adecuada a los comparecientes. Para muchos, esta situación representa una “afectación contractual atribuible a la SEJEP” y un debilitamiento grave del derecho fundamental a la defensa.
De acuerdo con la Ley 1957 (Estatutaria de la JEP), la garantía de un sistema de asesoría y defensa forma parte de las obligaciones de la SEJEP. El equipo afectado invoca el principio de “buen funcionamiento”, contenido tanto en la Constitución Política de Colombia como en el Acuerdo Final de 2016, para reiterar la necesidad de restablecer este servicio con condiciones laborales y de seguridad adecuadas.
Entre las preocupaciones planteadas, se menciona una “precarización” de las condiciones laborales que, según denuncian, afecta no solo la remuneración, sino también aspectos de seguridad en zonas de riesgo para los profesionales contratados. También indican que se han presentado “desmejoramientos graves” en desplazamientos, viáticos y confidencialidad, lo que podría comprometer la labor de defensa ante el sistema de justicia transicional.
Finalmente, hacen un llamado a la Secretaría Ejecutiva y al órgano de gobierno de la JEP para resolver de manera urgente lo que califican como una “grave amenaza que ha degenerado en la suspensión real de la Defensa de los excombatientes de las Farc”.
