JEP reconoce a comunidad del Aro en Antioquia como víctima colectiva por masacre paramilitar
El fallo de la JEP señala que la comunidad de El Aro sufrió violaciones masivas a los derechos humanos durante la incursión paramilitar de octubre de 1997.
JEP imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Long Visual Press
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a la comunidad del corregimiento de El Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia, como víctima colectiva dentro del Caso No. 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, grupos paramilitares y terceros civiles en el marco del conflicto armado.
La decisión, emitida en el Auto OPV 235 GSAM 121-25 del 6 de marzo de 2025, responde a una solicitud de acreditación presentada por representantes del colectivo de víctimas.
El fallo de la JEP señala que la comunidad de El Aro sufrió violaciones masivas a los derechos humanos durante la incursión paramilitar de octubre de 1997, en la que al menos 16 personas fueron asesinadas, más de 1.400 desplazadas forzadamente, bienes fueron saqueados y se registraron episodios de violencia sexual.
Estos hechos se enmarcan en un contexto de connivencia entre actores armados y estructuras del Estado, según lo argumentado en la solicitud de acreditación.
En la decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad enfatizó que este reconocimiento permite a la comunidad participar activamente en el proceso de búsqueda de la verdad y en las medidas de justicia restaurativa. “El reconocimiento como sujeto de reparación colectiva fortalece el derecho de la comunidad a la memoria, a la verdad y a la reparación integral”, se lee en el auto judicial.
La acreditación de El Aro como víctima colectiva se enmarca en los lineamientos de la JEP para la participación de comunidades afectadas por el conflicto. Según el fallo, la solicitud se fundamentó en el impacto colectivo de los crímenes sufridos, lo que permite su reconocimiento dentro de un macroproceso de esclarecimiento de patrones de violencia.
El reconocimiento también implica que la comunidad podrá actuar como interviniente especial en el proceso, con Tulio Hernán Mejía Muñetón como vocero designado. Esto les permitirá aportar pruebas, presentar testimonios y contribuir en la construcción de la verdad sobre lo ocurrido en la región.
El fallo de la JEP destaca que el desplazamiento forzado y la estigmatización de la comunidad generaron una fractura social profunda, impidiendo el retorno de muchas víctimas. “Nunca regresaron al corregimiento porque se destruyó casi en su totalidad y no existían garantías de seguridad”, señala la decisión. Además, subraya que la violencia sexual en la zona fue parte de un patrón sistemático de agresiones contra la población civil.
