Tribunal para la Paz confirma su competencia para investigar la desaparición forzada en Colombia

El Tribunal para la Paz reafirmó su autoridad para conocer e impartir justicia en casos de desaparición forzada, en el marco de los crímenes que vulneran los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Con esta determinación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) da un paso más en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en el país.

La decisión se formalizó mediante el Auto TP-SeRVR-AI-No. 001, donde el Tribunal respondió a la solicitud de nulidad presentada por la Federación de Víctimas (FEVCOL), la cual alegaba que la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad carecía de competencia para conocer el delito de desaparición forzada.

Tras analizar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y las competencias otorgadas a la JEP, la magistratura determinó que los crímenes de lesa humanidad o las graves infracciones al DIH no han sido excluidos de la jurisdicción de este sistema especial.

Este fallo cobra relevancia en el Caso 01, titulado “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP”, que se encuentra en etapa de juicio y ha contribuido a la selección y priorización de macrocasos.

La desaparición forzada, de acuerdo con las sentencias C-674 de 2017 y C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, constituye uno de los ejes centrales en la investigación y sanción de actos que atentan contra la dignidad humana, por lo que la JEP está facultada para juzgar este tipo de conductas.

“La competencia de la JEP se ajusta plenamente al mandato de la comunidad internacional de perseguir y sancionar crímenes que vulneren los derechos humanos y el DIH”, cita el documento oficial, aludiendo al papel que la Jurisdicción desempeña para identificar patrones y responsables de las violaciones cometidas durante el conflicto.

El origen de la JEP responde a la necesidad de impartir justicia y reconstruir el tejido social afectado por décadas de violencia. Con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, este tribunal especial ejerce una justicia transicional orientada al principio de la centralidad de las víctimas, respondiendo a crímenes que, por su gravedad, exigen la prevalencia de este mecanismo sobre otras jurisdicciones.

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