El laberinto de los dineros de la salud XIII: la oficina creada para robar

Aunque desde el Gobierno señalan a las EPS (Entidades Promotoras de Salud) como principales responsables del robo a los recursos de la salud y en este ‘Laberinto de los dineros de la salud’ hemos insistido que, para tal fin, hay un rol clave que juegan las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) controladas en la sombra por políticos, no se puede perder de foco que la renovación del esquema de robo a la salud, ante el cambio del sistema para el magisterio y una posible aprobación de la reforma a la salud, se perfeccionó gracias a una entidad financiera pública: la Fiduprevisora.

Esta entidad fiduciaria pareciera ser una especie de notaría para hechos de corrupción como aquel que se denunció hace un año sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Curiosamente, los ejecutivos de la Fiduprevisora nunca se ven condenados por los hechos que permitieron. Nunca responden por su visto bueno a la circulación de recursos públicos hacia opacos contratistas que a veces no cumplen o a veces cobran demasiado, pero casi siempre logran que la plata llegue a los políticos.

Por eso es por lo que Daniela Andrade, exvicepresidente de la Fiduprevisora, se siente intocable. También por eso usa falsas excusas como aquella en la que asegura que el Consejo Directivo del Fomag le autorizó hacer contratos irregulares por más de un billón de pesos a finales de 2023. De esa forma, descarga su responsabilidad en otros y ella queda como una firmona. Pero eso no es así.

El cargo que ocupó Daniela Andrade es bastante nuevo dentro de la Fiduprevisora. Fue a finales del gobierno de Iván Duque que se creó la Vicepresidencia de Contratación Derivada a través de la resolución 055 de 2021, emitida por la presidencia de la Fiduciaria.

Desde entonces, solo tres personas han ocupado ese cargo: Carlos López, Daniela Andrade y Christian Fandiño. Los dos primeros han sido cercanos a la política y su firma ha sido clave para consolidar hechos de corrupción. Sin embargo, pasan debajo del radar.

Carlos López, quien hoy es jefe jurídico de la Gobernación de Córdoba y, por ende, muy cercano a uno de los beneficiarios del Laberinto de los Dineros de la Salud, Erasmo Zuleta, llegó a la Fiduprevisora cuando esta se encontraba bajo el control absoluto del entonces representante a la Cámara Zuleta.

Aunque poco se ha hablado de López, él fue quien dio vía libre a varios de los contratos irregulares que se firmaron durante la administración de Olmedo López en UNGRD. Por ejemplo, fue el zuletista Carlos López quien desembolsó más de 8.000 millones de pesos de anticipo a una firma antioqueña que supuestamente iba a entregar puentes portátiles al ejército y que incumplió el contrato.

Vea el documento a continuación:

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Hay que recordar que Carlos López llegó a la Fiduprevisora durante el gobierno Duque, lo cual hace interesante revisar también los contratos que viabilizó en aquella época, por ejemplo, el que firmó con la Unión Temporal Diques Mocoa 2022, que garantizaba más de 20.000 millones de pesos para un contrato para prevenir futuras avalanchas, pero que nunca se ejecutó.

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De hecho, hoy la Unión Temporal tiene demandada a Gestión del Riesgo y exigen que les paguen a pesar de que no hicieron nada, como consta en la información que la entidad entregó a La W.

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Así mismo, López fue quien firmó varios contratos con una desconocida empresa de Cúcuta, que, curiosamente, era de una de las preferidas del entonces director de Gestión del Riesgo, Eduardo José González, para comprar cualquier cantidad de cosas como alimentos, herramientas, ropa y un largo etcétera que siempre pagaba con grandes sobrecostos: Progressolatin Group. SAS.

A continuación podrán ver el listado de contratos que, en menos de cuatro años, firmó Gestión del Riesgo con Progressolatin Group, los cuales, en total suman varios miles de millones de pesos, así como algunos de los contratos que viabilizó el antecesor de Daniela Andrade en la Fiduprevisora.

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Sobre Carlos López y sus irregulares contratos nadie dice nada, así como nunca se investigaron las irregularidades cometidas por Eduardo José González en la Unidad de Gestión del Riesgo. El exvicepresidente López, al igual que la exvicepresidenta Daniela Andrade, podrá decir que sólo cumplía órdenes de los fideicomitentes y por ende no es responsable del desvío de fondos.

Sin embargo, el caso de Andrade es distinto: ella firmó contratos por más de un billón de pesos sin haber recibido orden o autorización alguna, de hecho, lo hizo sabiendo que el Consejo Directivo le ordenó no firmar nada.

¿Esto sí lo va a investigar la Fiscalía y la Procuraduría? ¿O seguirán callando ante la evidente complicidad de Andrade en el robo de los políticos a la salud?

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