La disputa por la UPC: ¿Será posible aumentar la cifra de 5,3%?

La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es un tema clave en el sistema de salud colombiano, pues determina cuánto paga el gobierno por cada afiliado al sistema, cubriendo desde medicamentos hasta atención médica. Sin embargo, su ajuste ha generado una disputa entre las diferentes entidades involucradas, sin que aún haya consenso sobre cuál debe ser el incremento.

El Ministerio de Salud, bajo la dirección de un gobierno que busca mantener el control sobre los cálculos, sostiene que tiene la facultad exclusiva para definir el monto de la UPC, un pago crucial para el funcionamiento de las EPS (Empresas Promotoras de Salud) y los servicios médicos en el país. No obstante, este enfoque ha sido cuestionado por otros actores del sistema de salud, como la Corte Constitucional y organizaciones médicas, que reclaman mayor participación en el proceso de cálculo.

Una de las voces más críticas al respecto es la de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, cuyos representantes no fueron invitados a la mesa de diálogo instalada por el gobierno para revisar el monto de la UPC. Este organismo, que agrupa a importantes asociaciones médicas del país, argumenta que su inclusión es esencial, dado que los profesionales de la salud tienen un conocimiento profundo de los costos reales de los servicios, medicamentos y atención que se brindan a los pacientes.

En una entrevista reciente, el presidente de la Asociación, el Dr. Agamenón Quintero, señaló que la exclusión de los médicos de esta discusión es una muestra del desdén del Gobierno hacia el sector salud y criticó la falta de diálogo con los actores clave. Quintero también manifestó su preocupación por el impacto negativo que tiene un aumento insuficiente en la UPC en la calidad de la atención médica, especialmente en un contexto en el que ya se reportan problemas graves en la entrega de medicamentos y otros servicios esenciales.

El gobierno, por su parte, ha defendido su postura, señalando que el cálculo de la UPC corresponde a una prerrogativa técnica del Ministerio de Salud, y rechazando las críticas de quienes insisten en la necesidad de una mayor colaboración con los profesionales del sector. La mesa de diálogo instalada recientemente incluye representantes de entidades gubernamentales como el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la Nación y las Superintendencias Nacional de Salud, pero no a las principales asociaciones médicas.

A pesar de las tensiones, el Gobierno asegura que el aumento de la UPC será de un 5.3%, un incremento que algunos consideran insuficiente para cubrir los costos reales del sistema de salud. La preocupación se extiende, además, a la falta de un enfoque integral en la discusión, ya que las entidades médicas creen que se deben tener en cuenta los costos de los servicios, los medicamentos y, sobre todo, el pago justo para el talento humano que trabaja en el sector.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha hecho declaraciones polémicas, sugiriendo que algunas clínicas están reteniendo medicamentos y realizando prácticas que afectan a los pacientes, lo que añade más complejidad a la discusión. Sin embargo, los médicos insisten en que lo primordial es mejorar las condiciones del sistema de salud y garantizar que los recursos destinados para este sector sean utilizados de manera eficiente y transparente.