Denuncian que ‘paz total’ generó fortalecimiento de grupos armados en el Catatumbo
Miles de civiles huyen del Catatumbo, Norte de Santander, en medio de enfrentamientos que, según organizaciones humanitarias, se agravaron por la paz total y permitieron a grupos armados afianzar su control sobre la región.
Foto: suministrada. (Human Rights Watch)
La organización de derechos humanos con sede en Washington, Human Rights Watch (HRW), reveló un informe en el que asegura que los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 —surgido tras la desmovilización de las FARC— se han intensificado desde enero de 2025, cobrando decenas de vidas y exponiendo a la población civil a múltiples abusos.
Organizaciones humanitarias atribuyen parte del agravamiento de la situación a la política de “paz total” promovida por el Gobierno, que —según señalan— generó espacios de fortalecimiento para los grupos armados y dejó a las comunidades sin la protección necesaria.
La crisis ha desencadenado uno de los mayores desplazamientos masivos registrados en las últimas décadas en Colombia. Desde enero, más de 56.000 personas han abandonado sus viviendas en municipios como Tibú, Teorama, Convención, Hacarí y El Tarra.
Las autoridades regionales indican que aproximadamente un 14 % de la población del Catatumbo ha tenido que huir, un fenómeno sin precedentes en esta zona.
En 2023, el Gobierno sostuvo negociaciones con el ELN y el Frente 33, parte de una coalición de disidencias de las FARC que se mantiene en armas.
Durante los diálogos con el Frente 33 se acordó un cese al fuego y se anunciaron planes de desarrollo local, aunque el grupo conservó intacta su estructura. De acuerdo con HRW y otros organismos, esto permitió al Frente 33 ampliar su control social y reclutar nuevos miembros, mientras las comunidades quedaban en medio de la confrontación.
Entre las medidas oficiales en la región, las autoridades han propuesto un programa de sustitución de cultivos de coca que entregaría incentivos económicos a los campesinos que accedan a plantar productos legales. No obstante, HRW advierte que este tipo de iniciativas, sin una estrategia integral de desarrollo, podría generar “incentivos perversos” para aumentar la siembra de coca y derivar en más violencia.
Tanto el ELN como el Frente 33 han mantenido lo que testigos llaman “control social” en distintas veredas. Los pobladores denuncian la imposición de normas, amenazas y castigos ejemplarizantes, entre ellos trabajos forzados y violencia sexual. HRW ha recibido testimonios que describen “campamentos de resocialización” del Frente 33, donde las personas acusadas de colaborar con otras fuerzas o de infringir reglas comunitarias son obligadas a jornadas extenuantes de labor.
Además, la organización reporta reclutamiento de menores. En algunos casos, niños y adolescentes han sido llevados por la fuerza a filas armadas o amenazados con represalias a sus familias.
Los hechos violentos se intensificaron el 16 de enero, cuando miembros del ELN habrían coordinado ataques simultáneos en varios municipios. Algunas personas fueron asesinadas frente a sus familias; otras fueron retenidas y luego desaparecidas. El Frente 33 también ha sido señalado por ejecuciones y secuestros de civiles en zonas rurales. De acuerdo con un testigo citado por HRW, en uno de los casos, un combatiente del grupo armado mató a una pareja delante de otras personas recluidas y las obligó a enterrar los cuerpos.
El gobierno suspendió las conversaciones de paz con el ELN el 20 de enero, pero mantiene las negociaciones con el Frente 33. Asimismo, declaró el estado de conmoción interior en el Catatumbo y anunció la evacuación de 750 personas en riesgo. Se han destinado fondos para proyectos de desarrollo y seguridad, mientras en Cúcuta y Ocaña se han abierto albergues y se reparten ayudas con apoyo de organizaciones humanitarias.
No obstante, HRW cuestiona la insuficiente implementación de una política de justicia y seguridad que brinde garantías reales a la población civil. La organización también insta a las autoridades a asegurar que cualquier plan de sustitución de cultivos esté coordinado con medidas de protección y alternativas económicas sólidas, de modo que los campesinos no se queden a merced de grupos irregulares.
“El gobierno debe poner en marcha de manera urgente una política de justicia y seguridad para proteger a la población y restablecer el Estado de derecho en el Catatumbo”, advirtió la organización humanitaria.
