Human Rights Watch advierte riesgo para comunidades y cuestiona la implementación de la paz total

La representante para las Américas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, Juanita Goebertus, en diálogo con La W, explicó las nuevas preocupaciones sobre el fortalecimiento de grupos armados en el Catatumbo.

Según la experta, varios factores estarían incrementando el riesgo para la población civil y, a su vez, poniendo en entredicho la política de “paz total” impulsada por el Gobierno.

Goebertus, quien ha trabajado en la implementación de anteriores procesos de paz y acompañó de cerca el acuerdo con las FARC, afirmó que “en el Catatumbo pudimos documentar homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores y violencia sexual”, hechos que se agravaron entre mediados del año pasado y los primeros meses de este. Para sustentar estas denuncias, explicó que su equipo realizó 65 entrevistas a personas desplazadas en municipios como El Tarra, Convención, Tibú, Teorama, Sardinata y Ocaña, entre otros.

De acuerdo con la representante de Human Rights Watch, la mayoría de los crímenes registrados en enero pasado estuvieron relacionados con el ELN. Sin embargo, una de las principales alertas de la organización se centra en las disidencias del Frente 33, cuyos integrantes habrían aprovechado algunos acercamientos con el Gobierno y un cese al fuego para ampliar su influencia territorial, incluso con actividades como la construcción de puestos de salud o la participación en celebraciones comunitarias.

“El Gobierno, al anunciar proyectos de desarrollo con grupos todavía armados, no protegió adecuadamente a las comunidades. Esto las dejó en mayor vulnerabilidad frente a represalias de otras organizaciones, especialmente del ELN”, señaló Goebertus.

La experta también mencionó el reclutamiento de menores: según datos compartidos en la entrevista, entre enero y febrero de este año el ICBF recuperó a 44 niños, la mayoría reclutados por el Frente 33. Asimismo, se estima que cerca de 46.900 niños se habrían quedado sin clases debido a los hechos de violencia y el desplazamiento forzado.

Por otro lado, Goebertus explicó que esto se relaciona con la política de sustitución de cultivos ilícitos en la región. Subrayó que los planes de desarrollo rural y de combate a los cultivos de uso ilícito han sido “históricamente débiles y con poca inversión efectiva”, lo cual contribuye a que sigan creciendo las hectáreas sembradas de coca y se perpetúe la presencia de actores armados. Advirtió, además, que la propuesta gubernamental de nuevos pagos en efectivo, sin un acompañamiento estructural, podría generar el efecto contrario al deseado.

Gobertus también sugirió que cualquier cese al fuego con grupos armados incluya “procesos de monitoreo y garantías reales para la población civil”, a fin de evitar que las comunidades queden en medio de disputas violentas.

Por último, la representante de Human Rights Watch insistió en que, antes de lanzar proyectos de desarrollo junto a actores armados, el Ejecutivo debe asegurar condiciones de seguridad para las comunidades.

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