Tribunal admite demanda contra Presidencia e ICBF por omisión ante el reclutamiento forzado de menor

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra la Presidencia de la República y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por su presunta omisión en la protección de niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

La acción judicial busca que se reconozca la grave crisis humanitaria que atraviesan los menores de edad en varias regiones del país y que se ordene la implementación inmediata de medidas efectivas para frenar este crimen. Según FEDe. Colombia, la falta de garantías de seguridad, el aumento de la violencia y la expansión de grupos armados han facilitado el reclutamiento de menores, quienes quedan expuestos a explotación, abuso y trabajos forzados dentro de estas organizaciones.

“El Estado colombiano tiene la obligación constitucional y legal de garantizar la vida, la integridad y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido insuficiente, y las medidas implementadas hasta ahora no han logrado detener este flagelo”, afirmó Andrés Caro, director de la fundación demandante.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 463 casos de reclutamiento forzado, que afectaron a 279 niños y adolescentes y a 184 niñas y adolescentes. En lo que va de 2025, ya se han recibido reportes de nuevos casos en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Santander.

“Esta es una crisis humanitaria silenciosa. El reclutamiento forzado de menores no puede seguir siendo ignorado por las autoridades que deben proteger a esta población. No podemos permitir que más niños sean utilizados en la guerra mientras el Estado permanece inactivo”, agregó Caro.

La demanda detalla que la precariedad en la infraestructura de salud, las barreras de acceso a la educación y la falta de presencia institucional en varias zonas del país han agravado la situación, permitiendo que los grupos armados ilegales capturen y adoctrinen a menores de edad sin encontrar resistencia.

“El Estado ha fallado en su deber de prevención. La ausencia de estrategias coordinadas, el desinterés en fortalecer las capacidades de respuesta y la falta de articulación entre las instituciones han perpetuado la impunidad y permitido que miles de niños sean víctimas de reclutamiento, abuso y explotación”, sostiene el documento de la demanda.

Como parte de la acción judicial, FEDe. Colombia exige que se adopten medidas concretas e inmediatas, entre ellas: incluir el tema del reclutamiento forzado en las mesas de conversación con los grupos armados ilegales; fortalecer los Equipos de Acción Inmediata en los territorios con mayor índice de reclutamiento; mejorar la coordinación interinstitucional para prevenir este crimen; y desarrollar programas con indicadores claros que permitan evaluar la efectividad de las acciones estatales en la protección de los menores de edad.

“El país necesita un plan de choque integral, con compromisos claros y medibles. No podemos seguir en un escenario donde el Estado reacciona tarde y de manera desarticulada. La niñez debe ser una prioridad real y no un discurso vacío”, concluyó Caro.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá ahora decidir si ordena medidas urgentes para frenar esta crisis o si el caso sigue su curso en la justicia administrativa. Mientras tanto, los niños, niñas y adolescentes en las zonas más afectadas por el conflicto continúan expuestos a un crimen que vulnera sus derechos fundamentales y amenaza su futuro.

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