“Descalificar a Gobierno que se tomó en serio la paz es inaceptable”: delegación en diálogos con ELN
En respuesta a las declaraciones del Frente Oriental del ELN, la Delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos criticó con firmeza los señalamientos del grupo armado y los acusó de actuar en contra de toda posibilidad de paz.
Miembros de la delegación del ELN junto al canciller de Venezuela Iván Gil (c) y los representantes de Colombia Otty Patiño (d-4), Danilo Rueda (d-3), María Pizarro (d-2) e Iván Cepeda (d). EFE / Rayner Peña R / Rayner Peña R (EFE)
A través de un comunicado, la delegación rechazó la reciente entrevista de los cabecillas alias ‘Silvana Guerrero’ y alias ‘Ricardo’ en la que tildaron el proceso de Paz Total como un “fracaso total” y defendieron su ofensiva armada en el Catatumbo, Norte de Santander.
La respuesta oficial califica como “inaceptable” que se desacredite a un gobierno que “se tomó en serio la paz” y advierte que esa postura “sigue cerrando no solo el camino hacia cualquier posibilidad de paz con el ELN, también borrando su propia existencia como organización rebelde”.
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El pronunciamiento también rechaza la “acción criminal contra la población civil del Catatumbo” por parte del Frente Oriental del ELN y cuestiona “la soberbia de legitimarla”, afirmando que dicha actitud es “totalmente ajena a la paz”.
La tensión entre el Gobierno y el ELN se agudiza en medio de la grave crisis humanitaria que afecta a esta región del país, donde la confrontación entre el ELN, las disidencias del Frente 33 de las FARC —que hacen parte del Estado Mayor de Frente y Bloques de las disidencias de las FARC— y la fuerza pública ha dejado más de 50.000 desplazados y cerca de 19.000 personas confinadas.
En la entrevista con Los Informantes, los líderes del ELN acusaron al presidente Gustavo Petro de favorecer a las disidencias del Frente 33 con el fin de sellar un acuerdo de paz exclusivo con ese grupo, e insistieron en que su lucha es por transformaciones sociales, no por el control del narcotráfico.
El Gobierno, sin embargo, insiste en que no hay justificación posible para las agresiones contra la población civil ni para desconocer los esfuerzos del Estado por alcanzar un acuerdo negociado.
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