JEP ratifica su jurisdicción en el caso de Rodrigo Granda por crimen de Cecilia Cubas
La JEP revocó una decisión de 2024 y se declaró competente para conocer el caso de Rodrigo Granda por el crimen de Cecilia Cubas en Paraguay.
Commander of the FARC-EP leftist guerrillas Rodrigo Granda reads a statement at the Convention Palace in Havana during the peace talks with the Colombian government on February 6, 2015. AFP PHOTO/YAMIL LAGE (Photo credit should read YAMIL LAGE/AFP via Getty Images) / YAMIL LAGE
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se declaró competente para conocer el caso del exjefe de las FARC Rodrigo Granda, vinculado al secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, ciudadana paraguaya asesinada en 2005.
Mediante el auto del 19 de marzo de 2025, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz revocó la decisión adoptada en abril de 2024 por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que había declarado la falta de jurisdicción de la JEP argumentando que los hechos ocurrieron fuera de Colombia y no estaban conectados con el conflicto armado interno.
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La nueva decisión ratifica que la JEP sí tiene competencia para estudiar el caso, luego de analizar los argumentos de la defensa de Granda, quien sostiene que los hechos hacen parte de las dinámicas transnacionales del conflicto colombiano y que la actuación del compareciente obedecía a su rol dentro de las antiguas FARC-EP.
Con esta determinación, la Jurisdicción podrá valorar si el secuestro y posterior homicidio de Cecilia Cubas —atribuido por autoridades paraguayas a miembros del grupo Patria Libre con apoyo de las Farc — puede ser considerado un hecho relacionado con el conflicto armado colombiano, en el marco del macrocaso 01 sobre toma de rehenes y privaciones graves de la libertad.
La defensa de Granda ha alegado además que parte de las evidencias en su contra provienen de información obtenida en la operación militar que dio de baja a alias Raúl Reyes en Ecuador, lo que —a su juicio— compromete la legalidad de algunas pruebas.
La JEP deberá ahora decidir si los hechos tienen una conexión suficiente con el conflicto para avanzar en el estudio de fondo, lo que podría impedir su eventual extradición, dado el régimen especial que cobija a los firmantes del Acuerdo Final de Paz.
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