Corrupción en la UNGRD: legalizan principio de oportunidad para contratista clave en el escándalo
Luis Eduardo López Rosero se compromete a colaborar con la justicia y devolver más de 7.700 millones de pesos tras aceptar su responsabilidad en direccionamiento de contratos y apropiación de recursos públicos.
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Foto: UNGRD
La juez 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá legalizó el principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía General de la Nación al contratista Luis Eduardo López Rosero, uno de los principales involucrados en los actos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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Como parte del acuerdo, se suspenderá la acción penal en su contra por seis eventos de interés indebido en la celebración de contratos durante un período de tres años. A cambio, López Rosero deberá proporcionar información clave y servir como testigo en los procesos judiciales contra otros implicados en el direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos de la entidad.
Fraude en contratos y desvío de recursos públicos
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que López Rosero recibió información privilegiada sobre procesos contractuales en la UNGRD, lo que le permitió ajustar propuestas y cotizaciones para que sus empresas obtuvieran contratos millonarios. Entre estos, se destacan la adquisición de carrotanques para La Guajira, camiones de bomberos y materiales de construcción en distintas regiones del país.
A cambio de estos favorecimientos, pagó sobornos y desvió recursos públicos, lo que configuró varios delitos de corrupción.
Aceptación de cargos y devolución de dinero
Además de acogerse al principio de oportunidad, López Rosero aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Como parte del compromiso con la justicia, se comprometió a devolver 7.722 millones de pesos, monto correspondiente a los dineros que obtuvo de manera ilícita.
El preacuerdo ya fue aprobado por una juez penal especializada de Bogotá y está pendiente de la sentencia definitiva.
Con este fallo, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento del entramado de corrupción dentro de la UNGRD y judicializar a todos los responsables del desfalco.
