Defensora del Pueblo denuncia más de 70 casos de personas secuestradas por el ELN
Más de 70 personas permanecen secuestradas por el ELN, según la Defensoría del Pueblo, que advirtió que esta práctica constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad.
Defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto Cortesía
La defensora del Pueblo, Iris Marín, criticó con firmeza al ELN por mantener secuestradas a decenas de personas en distintas regiones del país, señalando que esta práctica no puede justificarse como parte de un conflicto político y que constituye un crimen de lesa humanidad.
Marín recordó que hoy se cumple un mes del secuestro de Clara Serrano, quien fue retenida por esa guerrilla cuando intentaba gestionar la liberación de su hermano, también secuestrado en Río Oro, Cesar, el 7 de noviembre de 2024. “La dejaron a ella y lo dejaron libre a él para que consiguiera el dinero”, relató.
La defensora también denunció que siguen en poder del ELN la exalcaldesa de Tamalameque, Jenny Salazar Zabaleta, secuestrada desde el 21 de febrero, y el joven Kevin Patarroyo Gómez, quien cumplió 19 años en cautiverio. Según la Defensoría, los tres casos tienen fines extorsivos.
En el Catatumbo, el ELN mantiene privadas de la libertad a al menos 50 personas acusadas de colaborar con el Frente 33, una estructura que hace parte del Estado Mayor de Frente y Bloques de las disidencias de las FARC. A esto se suman más de 18 personas aún retenidas en Arauca, pese a la reciente liberación de cinco ganaderos.
Entre enero y febrero de este año se han registrado 40 secuestros, de los cuales 31 fueron extorsivos y nueve han sido secuestros simples. Aunque la cifra bajó frente a los dos años anteriores, Marín advirtió que el secuestro sigue siendo una grave violación del derecho internacional humanitario.
“El secuestro no tiene ninguna conexión con los delitos políticos que el ELN dice cometer”, afirmó la defensora. “A esta escala y de forma sistemática, se trata de un crimen de guerra y de lesa humanidad”.
La Defensoría exigió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas y advirtió sobre el impacto devastador de esta práctica en las víctimas y sus familias.
