Detalles del operativo contra red de robo de tierras en Atlántico

La Policía Nacional entregó detalles sobre el operativo en el que, con uniformados adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de 17 personas y la ejecución de 6 allanamientos en los municipios de Barranquilla, Soledad y Cereté.

Entre los capturados se encuentran funcionarios públicos en ejercicio y exservidores implicados en actividades de corrupción relacionadas con la apropiación y venta ilegal de terrenos públicos y privados, destinados a proyectos sociales como colegios y parques deportivos.

“Los procesados enfrentan investigaciones por delitos como concierto para delinquir con el fin de cometer delitos contra la administración pública, prevaricato, invasión de tierras, peculado y falsedad documental”, afirmaron las autoridades.

Según el informe de la institución, con presuntos vínculos con organizaciones criminales que tienen injerencia en la capital del Atlántico y el área metropolitana, fueron afectadas cientos de familias al apropiarse ilegalmente de terrenos de uso público, perjudicando el desarrollo urbano y comunitario.

Según las autoridades, las investigaciones siguen en marcha, reafirmando el compromiso de proteger los bienes públicos y privados y de contrarrestar la corrupción en todas sus manifestaciones.

“La operación permitió evidenciar presuntos actos de corrupción por parte de servidores públicos (3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, un calificador de instrumentos públicos, un notario y un asesor jurídico de la secretaría de Gobierno de una alcaldía)”, explicó la Policía Nacional.

El informe también indicó que el modus operandi consistía en omitir la revisión y estudio jurídico de diferentes documentos, los cuales eran presentados para dar apariencia de legalidad y así posesionarse de terrenos que posteriormente eran comercializados mediante engaño a terceras personas.

“En las investigaciones se determinó que por lo menos 277.000 m2 de tierras fueron adquiridos fraudulentamente, posteriormente parcelados y vendidos, materializando una estafa a familias y afectando los proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras. De hecho, estas tierras tenían una destinación específica para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques”, dijo la institución.

Por otra parte, señalaron que la operación contempla una segunda fase en desarrollo que implica 16 imputaciones, para un total de 33 personas judicializadas.