Juez legalizó las capturas de los señalados por robo de tierras en el Atlántico
En medio de la audiencia de este martes 15 de abril, fueron legalizadas 16 capturas.

Foto: Pixabay.
Barranquilla
Este martes 15 de abril, fueron legalizadas las capturas de los señalados miembros de la red de robo de tierras, que fue desarticulada recientemente en el departamento del Atlántico.
En medio de una audiencia que terminó pasada la media noche de este martes, el Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla avaló las detenciones de 16 de los capturados, entre los que se incluyen exservidores públicos y funcionarios activos.
Entre los ahora procesados se encuentra Juan Manuel Ucrós Ucrós, el exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad y quien fue candidato a la Alcaldía de ese municipio por Colombia Humana.
Cabe mencionar que, la captura de un inspector de Policía no pudo legalizarse, debido a errores cometidos durante el procedimiento.
Por su parte, desde la Policía, indicaron que, la operación es la primera que se realiza a gran magnitud, en donde se evidencian actos de corrupción por parte de servidores públicos.
“Se adelanta el proceso investigativo esperando próximos resultados con futuras imputaciones”, mencionaron.
En la señalada red de corrupción, se identificaron a tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de policía, un notario, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la alcaldía de Soledad.
“La investigación se adelantó desde 4 líneas investigativas, a partir de la identificación de su modus operandi, mediante la omisión de la revisión y estudio jurídico de diferentes documentos, los cuales eran presentados para dar apariencia de legalidad y así posesionarse de terrenos que posteriormente eran comercializados mediante engaño a terceras personas”, se lee en el informe de las autoridades.
Según la institución, dentro de los terrenos ocupados ilegalmente se contaba con una extensión de tierra que debía ser destinada para la construcción de un Mega colegio y fue desviada a manos de particulares, que la fraccionaron y comercializaron ilegalmente en lotes.
“De estos predios corroborados documentalmente se conoce su avaluó comercial por aproximadamente 22 mil millones de pesos. Se vieron afectados cerca de 277.000 m2, los cuales fueron adquiridos fraudulentamente, posteriormente parcelado y vendidos estafando a familias y afectando los proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras y la ocupación ilegal de zonas de uso público para el uso y goce de la comunidad”, señalaron.