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JEP acredita como víctimas del conflicto a once exmilitares heridos por minas antipersonal

La JEP reconoció como víctimas del conflicto a once exmilitares heridos por minas antipersonal durante operaciones en la región de Urabá entre 1997 y 2014.

Imagen referencia de soldados del Ejército Nacional / Foto: GettyImages

Imagen referencia de soldados del Ejército Nacional / Foto: GettyImages / NurPhoto

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctimas a once exintegrantes del Ejército Nacional que sufrieron amputaciones, mutilaciones y heridas graves tras caer en minas antipersonal durante operaciones militares en la región de Urabá, entre 1997 y 2014.

El auto, emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos, incluye a soldados y suboficiales que participaron en misiones en zonas como Dabeiba, Apartadó, Turbo e Ituango.

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En todos los casos, las minas fueron atribuidas a distintos frentes de las antiguas FARC-EP, hoy denominadas Estado Mayor de Frente y Bloques de las disidencias.

Según la JEP, los militares cumplieron con los requisitos para ser acreditados como víctimas dentro del Caso 04, que investiga violaciones al Derecho Internacional Humanitario y derechos humanos en el conflicto armado en Urabá. Además de sus relatos, aportaron pruebas médicas y documentales sobre las secuelas físicas y psicológicas que padecen.

Entre los casos se destaca el de Miguel Ángel Sánchez, herido en Dabeiba en 2009, quien perdió una pierna tras pisar un artefacto explosivo; y el de Isnardo Mendoza, exsargento, afectado por una mina en Apartadó ese mismo año, con una lesión grave en el talón. Otros, como Juan David Cano, Harrison Mosquera y Jairo Cañas, también sufrieron amputaciones o daños severos en distintas partes del cuerpo.

El reconocimiento como intervinientes especiales en la JEP les otorga el derecho a participar activamente en las audiencias, presentar observaciones y aportar pruebas dentro del proceso. En varias solicitudes, los exmilitares también pidieron que sus familiares fueran reconocidos como víctimas, adjuntando documentos que acreditan los vínculos.

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