Emiten fallo de responsabilidad fiscal contra Electricaribe por $211.755 millones

W Radio conoció que recientemente fue fallado un proceso de responsabilidad fiscal contra Electricaribe y la revisoría fiscal por indebida aplicación de recursos destinados a la población más pobre del Caribe.

De este modo, se constató una omisión en la correcta aplicación de la norma establecida para el manejo de los recursos del Fondo de Energía Social (FOES) que contribuyó a la materialización del daño del patrimonio público en el periodo comprendido entre 2011 y 2016.

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Así mismo, en forma solidaria con Electricaribe, se falló con responsabilidad fiscal contra PriceWaterhouseCoopers (PwC) y tres de sus colaboradores.

Cabe señalar que el proceso se originó en 2017 y se encontró que los recursos del Estado estaban para subsidiar a estratos uno y dos del Caribe, pero fueron utilizados por Electricaribe para reducir sus pérdidas sin que PwC alertara al respecto.

“Está pasando lo que tiene que pasar: los auditores e interventores tienen que responder. Esta puede ser la firma de autoría más grande del mundo”, reflexionó Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, sobre esta decisión.

Sin embargo, Sánchez Cristo mencionó que la buena noticia del caso es que la mayor parte de los recursos ha sido recuperada, ya que Electricaribe constituyó garantía bancaria con BBVA a favor de la Contraloría General de la República.

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“Una vez que se falla este proceso de responsabilidad fiscal, en salvaguarda del interés público, la Contraloría cobra el cheque y no hay problema. Lo que no va a pasar en Centros Poblados porque la garantía es chimba”, explicó.

Sobre el caso de Centros Poblados, Sánchez Cristo relató que tanto Fiscalía como Contraloría trabajan de manera conjunta en este caso y los resultados se darán a conocer esta semana: “Aunque el caso lo maneja la Unidad Anticorrupción, la que falló Reficar, Hidroituango y Electricaribe, se encontrará con la dificultad de que la garantía bancaria es chimba. Así que será un “saludo a la bandera” porque no hay contra qué”.

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LA SANCIÓN DE LA CONTRALORÍA

La Contraloría General de la República profirió falló con responsabilidad fiscal por 211.755 millones de pesos en contra de Electricaribe, por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social (FOES) que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.

Según explicó el ente de fiscalización, los 187.227 millones de pesos que recibió Electricaribe como canalizador del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado como principal destinatario de este.

Los recursos del Fondo de Energía Social son de inversión social y destinación específica, por lo cual debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como lo realizó Electricaribe. Al llevar a cabo dicha aplicación, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que, por el contrario, se favorecieron los ingresos de la compañía como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba en esas zonas especiales.

La Contraloría aseguró que Electricaribe pasó por alto que el Estado destinó unos recursos en beneficio de la empresa en los cuales actuaban como operadores los Fondos de Apoyo Financiero PRONE, FAER y FANZI, cuyos recursos van encaminados, de una parte, para apoyar los planes de reducción de pérdidas no técnicas de energía, y de otra, como apoyo a las empresas con usuarios no normalizados ubicados en las áreas especiales.

Dentro de la decisión del ente de fiscalización, se informó que también se falló con responsabilidad fiscal contra la firma PriceWaterhouseCoopers Ltda. y tres de sus colaboradores, en su calidad de revisores fiscales de la empresa, que avalaron la aplicación incorrecta de dichos recursos, toda vez que con su atestación o su testimonio en tal condición conllevaron a que el Ministerio de Minas y Energía realizará a cabo el giro de los recursos a Electricaribe como canalizador.

Desde la Contraloría se explicó que, para llegar a la decisión informada se revisó la facturación mensual de las zonas especiales de la Región Caribe, que corresponde en promedio a 1’800.000 facturas por mes, de las cuales fueron glosadas aproximadamente 700.000, bajo el esquema de minería de datos, así como las pruebas recaudas, practicadas y valoradas integralmente a lo largo de la causa fiscal.