Las voces a favor y en contra sobre el regreso de la aspersión con glifosato a Colombia

Las fumigaciones con glifosato estaban suspendidas desde 2017 por orden de la Corte Constitucional, pero el pasado lunes, el presidente Iván Duque y su gabinete ministerial expidieron el decreto 380 que pavimenta el camino para su reanudación.

W Fin de Semana recolectó varias voces de víctimas, quienes cuentan los efectos que tuvieron cuando el Gobierno hace unos años erradicaron cultivos con esta sustancia.

Yaneth Valderrama tenía cuatro meses de embarazo cuando tres avionetas y cuatro helicópteros de la Policía de Colombia fumigaron con glifosato en su vereda, Solitá en Caquetá, sur del país. Su esposo Iván Medina recuerda lo que sucedió aquel 28 de septiembre de 1998.

Otra mujer, Doris Alape, sufrió algo similar. En 1999, una fumigación masiva por parte de la Policía Antinarcóticos en el municipio de Chaparral (Tolima) contaminó los cultivos y con varios signos de intoxicación, dio a luz con solo 28 semanas de gestación; su hijo murió el 1 de junio de 1999.

Por otro lado, Henry Torres y su familia también resultaron víctimas en Chaparral, su hija, que aquel entonces era solo una niña, poco a poco empezó a mostrar inconvenientes en su desarrollo, 20 años después, su nieto, también presenta discapacidad.

- ¿Qué dice la ciencia?

Fabián Méndez Paz, doctor en epidemiología de la Universidad de John Hopkins y médico de la Universidad del Valle, manifestó que “entre varias de las investigaciones que hemos hechos alrededor de la exposición del glifosato y el desarrollo de los efectos en la salud, se puede ver que en humanos hay pocos estudios, pero en animales hay problemas de fertilidad, abortos y alteraciones que afectan la parte neurológica”.

“No son científicas las bases con las que tomaron esa decisión”, indicó.

Sobre los efectos explicó que son a largo plazo, por ejemplo, “el cáncer y la salud reproductiva. Hay efectos agudos de tipo respiratorio y en la piel”.  

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- Posturas políticas

El senador José Obdulio Gaviria señaló que “la discusión no es sobre un herbicida, sino de un negocio de 14 millones de dólares. En el 2012 cuando comienza a discutirse en el proceso de paz, se hizo un acuerdo privado”.

“Les garantizo que no hay ningún otro mecanismo para combatir los cultivos. Si sale algo natural, les apuesto que también va a haber debate”, recalcó.  

Además, dijo que “hoy Tumaco tiene tanta coca sembrada como la que tenía Colombia en el 2012. La diferencia de costos entre la manual y la fumigación es absurda”.

- ¿Qué dice la defensa de las víctimas?

Nelson Uriel Romero, abogado de las víctimas de Chaparral ante la CIDH, expuso que “39 personas fueron admitidas a la solicitud que se le hizo a la Corte. Por las afectaciones en sus tierras, las personas no tuvieron cómo pagar el proceso”.  

“El Estado colombiano no ha querido hacer un acuerdo amistoso […] Esperamos que no les suceda a más campesinos”, subrayó.  

Finalmente insistió que “la presencia de grupos armados que no deja a los campesinos y estas personas los obligan al cultivo de coca”.