Polémica por cobro de cuentas de Electricaribe en Cartagena

La W conoció en primicia una denuncia penal interpuesta por Luis Armando Mola, fundador de Mola Lawyers Group, contra la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño; la agente especial de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas; y el alcalde de Cartagena, William Dau.

En un video publicado en redes sociales, el alcalde Dau afirmó que habría acordado con la agente especial de Electricaribe y la superintendente de Servicios Públicos la terminación del contrato a Mola Lawyers Group, firma encargada del cobro judicial de las cuentas de barrios subnormales en Cartagena. Así mismo, acusó al abogado Luis Armando Mola de tener vínculos con el narcotráfico y un “indictment” vigente en Estados Unidos.

El abogado afirmó en La W que hace 30 años tuvo inconvenientes con la justicia en Estados Unidos y tuvo que pagar una condena por lavado de activos. Sin embargo, negó tener vínculos con narcotráfico.

Por lo anterior, el abogado interpuso una denuncia penal contra el alcalde por los delitos de injuria y calumnia y falsa denuncia contra persona determinada. Así mismo, denunció al alcalde, la agente especial y la superintendente de constreñimiento ilegal, tráfico de influencias y concierto para delinquir.

El abogado se mostró sorprendido con la terminación del contrato, ya que la firma de abogados logró que un juez decretara el embargo y secuestro de cuentas correspondientes a 55.000 millones de pesos más los intereses moratorios. La W conoció que antes de la terminación del contrato, Julio Bonilla, gerente de Cobranza de Electricaribe, solicitó al abogado detener todo tipo de acciones con respecto al cobro de las cuentas pendientes en Cartagena, sin razón aparente.

Después de la terminación anticipada del contrato, la agente especial envió una carta al alcalde de Cartagena con la propuesta de suspender de mutuo acuerdo el proceso ejecutivo y crear una mesa de trabajo para identificar alternativas de pago. Si las actuaciones de los agentes especiales deben guiarse por los principios de celeridad, eficacia y economía, ¿por qué terminar el acuerdo cuando las ordenes de embargo y secuestro están en firme?

La W contactó a la agente especial, quien negó que existiera un acuerdo para sacar a esta firma y afirmó que “todas las decisiones se tomaron dentro del marco del proceso de intervención y solución”. El alcalde William Dau afirmó que no comentaría al respecto.

La superintendente Avendaño, por su parte, afirmó que:

“Como Superintendente, se hicieron varias reuniones con el alcalde de Cartagena, en varias ocasiones por la complicada situación de los temas de servicios públicos en la Costa, se abarcaron diferentes temas en pro de buscar solución, pero la Superintendencia se debe dejar claro que no puedo coadministrar las empresas que tengo bajo investigadas e intervención, por ende, la Super no tuvo nada que ver en esa decisión”.