La acusación se basa en que, presuntamente, el congresista aceptó 600.000 dólares en sobornos de estas entidades extranjeras a cambio de utilizar su cargo para influir en beneficio de las empresas implicadas en el caso.
Este proceso por blanqueo de capitales arrancó a partir de las publicaciones de una investigación periodística internacional que filtró en 2016 detalles sobre transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales creadas por la firma Mossack Fonseca y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras.
Con esta operación se logró conocer de estafas, como las basadas en el intercambio de tarjetas telefónicas SIM y la suplantación de identidad.
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