La empresa británica pide una indemnización de 50 millones de dólares solicitando que se les reconozca la inversión realizada para hallar el Galeón. Es el segundo pleito que enfrentará el estado.
Según un sindicato estadounidense, el Departamento de Eficiencia Gubernamental va contra varias leyes.
El texto alega que el decreto presidencial es “ilegal” y atenta contra la Constitución, ya que en la Enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad.
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