La decisión se anunció horas después de que el Gobierno de Venezuela exigiera a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay “el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano”.
El comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez, especificó la cantidad de mujeres y niños que operaban en la mina, así como el número de miembros de las comunidades indígenas.
También se ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que operan en Caracas.
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