La muerte de manifestantes en Perú se debió a política pública de Dina Boluarte, según ONG

Amnistía Internacional (AI) y familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de Perú acusaron este jueves a la presidenta Dina Boluarte de estigmatizar a los manifestantes en sus discursos, lo que provocó, según la organización, la legitimización social de las 49 muertes en choques con las fuerzas del orden.

“El Poder Ejecutivo de Perú, incluyendo la presidenta y el presidente Consejo de Ministros, estigmatizaron a los manifestantes como radicales violentos y ninguna vez pidieron cuentas públicamente a la Policía y al Ejército”, señaló la secretaria general de AI, Agnès Callamard, en una rueda de prensa en Lima.

La organización presentó su informe “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”, que analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas desarrolladas desde diciembre.

“Aunque muchos protestas eran pacíficas, la presidenta deliberadamente difundió desinformación sin evidencias, y en lugar de condenar la actuación policial alabó a las fuerzas del orden llamándola ‘impecable’, causando un significante sufrimiento víctimas y familiares (...) lo que creo las condiciones en las que los ataques se legitimaron en los ojos de la sociedad”, indicó.

A la presentación del informe también acudieron familiares de víctimas fallecidas en enfrentamientos con la fuerzas del orden.

“En reiteradas veces hemos escuchado a la presidenta mencionar que Puno (región del sur) no es el Perú, nos ha tildado de ponchos rojos (supuesto grupo radical boliviano), de narcotraficantes y contrabandistas. Una serie de términos que, después de la muerte de nuestros seres queridos ha ido ahondando más en nuestro dolor”, dijo a EFE con lágrimas en los ojos Raúl Samillán.

Samillán es hermano de uno de los 49 fallecidos y el presidente de la asociación de mártires y victimas del 9 de enero de Julio, fecha y ciudad en la que 18 personas perdieron la vida en enfrentamientos con la Policía.

Expresó que se puede ver claramente la estigmatización hacia su pueblo, porque las fuerzas del orden mataron a personas de extrema pobreza y que viven en los Andes, algo que no han hecho en Lima.

“Entonces, ¿por qué esa diferencia de quitarnos la vida a los que no estamos en la capital y valoran más la vida de los que viven en Lima?’”, se preguntó.

“La narrativa de altas autoridades, incluidas la presidenta, de que manifestantes eran grupos violentos terroristas y eludiendo a grupos armados de la historia de Perú no solo generó un contexto para legitimizar estos asesinatos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales, sino que además ha generado un estigma colectivo de estas comunidades”, afirmó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.

En este sentido, Callamard expresó que las fuerzas de seguridad peruana “solo usaron fuerza letal fuera de Lima, en áreas donde hay mayormente población pobre, indígena y campesinos”, incluso cundo las protestas eran menos violentas que en la capital u otras regiones, y esta es la razón del nombre del informe.

“Creemos que la represión y los asesinatos son parte del racismo sistémico contra estas poblaciones”, afirmó.