Bombardeo en Guaviare 2021: la reveladora prueba de ADN de Leonel Martínez
Según la familia de Leonel Martínez Mendoza, el médico había sido secuestrado por las disidencias de las Farc 15 días antes de su muerte en el bombardeo.
El 21 de septiembre de 2021 murió el joven médico Leonel Martínez Mendoza en medio de un bombardeo del Ejército Nacional contra las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. Según su familia, Martínez Mendoza había sido secuestrado 15 días antes por este grupo armado ilegal.
Tras ser entregado su cuerpo, la familia empezó un calvario tras el reconocimiento del cuerpo a través de pruebas de ADN que le fueron negadas en un principio. Solo a través de una tutela se logró dicho cotejo, cuyos resultados fueron positivos.
Sin embargo, para la familia del médico, aún quedan muchas dudas del caso.
Por esa razón, Sigue La W conversó con Magaly Martínez, madre del joven, quien relató las dificultades que tuvo que pasar para que a los restos entregados se les practicara la prueba que ella pedía en calidad de víctima.
En contexto:
Martínez confirmó que, cuando le hicieron entrega del cuerpo, no le permitieron identificarlo en un principio. Posteriormente, notó que había detalles que no coincidían con las características de su hijo y, por eso, solicitó ante un tribunal del Meta que se realizara la prueba de ADN.
Aunque en un principio se la negaron, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dijo en segunda instancia que sí se le debía practicar.
“Nos sacaron ADN a mí, a mi esposo y a mi hija. La prueba arrojó positivo”, confirmó Martínez, al asegurar que los restos entregados sí coincidían con los de su hijo.
También se refirió al secuestro de su hijo por parte de las disidencias de las Farc: “Mi hijo no era guerrillero, fue secuestrado (…) estaba esperando a convalidación de su título (de médico). El 11 de septiembre (de 2021) dijeron que venían a “recogerlo” en el parque del pueblo, él dijo: si vienen por mí, dígales que no estoy”.
Además, garantizó que su hijo “nunca había estado (en contacto) con esos grupos ni lo habían llamado para nada”.
¿Qué sigue en este caso?
John Eduard Yepes, abogado de las víctimas, se pronunció en Sigue La W sobre el future de este caso y aseguró que se están iniciando varias acciones jurídicas de carácter nacional e internacional.
La primera acción, explicó el abogado, busca “resaltar y aplicar el Artículo 3 como uno de los Convenios de Ginebra de 1949″, ya que en el bombardeo “este protocolo fue desconocido en su totalidad por el estado colombiano al no diferenciar entre combatiente y no combatiente”. Igualmente, señaló que las disidencias también desconocieron el protocolo y secuestraron a civiles, en particular personal médico, ya que están amparados por el Derecho Internacional Humanitario.
La segunda acción que emprenderá la defensa de las víctimas está encaminada a exigir el derecho a la garantía constitucional a la verdad: “queremos reivindicar el nombre de las víctimas, garantizar el honor y buen nombre de este joven que murió en virtud de un operativo militar y que anteriormente había sido secuestrado”.
Además, Yepes aseguró que se busca exigir el derecho a la reparación como medida constitucional para que el estado colombiano reconozca los perjuicios de este operativo militar.
¿Quiénes estaban en ese campamento?
En su momento, surgieron versiones que sugerían la presencia de menores de edad en el campamento que fue bombardeado. Al respecto, el abogado Yepes respondió: “Hay claridad de que, dentro de las 10 víctimas, estaba el médico Leonel Martínez (…) otras víctimas no fueron reclamadas a tiempo en Medicina Legal”.
El abogado también aseguró que este operativo militar ha sido ampliamente cuestionado por diferentes agencias de Derechos Humanos por sus características de “bombardeo indiscriminado, procedimiento militar con grandes visos de ilegalidad y por la forma en que se manejó la inteligencia al no haber diferenciado civiles y no combatientes”.
Sin embargo, admitió que la investigación que cursa en la Justicia Penal Militar aún no esclarece si había o no niños en el campamento: “Si bien respetamos su autonomía, reconocemos las falencias del modelo de Justicia Penal Militar”.