Justicia Penal Militar propone comisión internacional contra la impunidad en Colombia
La propuesta es algo similar a la que funcionó en Guatemala y que lideró el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Justicia, imagen de referencia | Foto: Getty Images(Thot)
En una carta enviada por el director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez, se propone al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que dentro de la reforma a la justicia se pueda crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Colombia, algo similar a la que funcionó en Guatemala y que lideró el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez.
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“Como sociedad estamos frente a un problema excepcional de efecto global que nos corresponde afrontar mediante mecanismos idóneos igualmente extraordinarios. Si no podemos solos con él asunto, por su imensurable poder fáctico demostrado empíricamente a través de la historia, lo más sensato es pedir ayuda. ¿A quién?, pues a la comunidad internacional que son nuestros pares. Esa es la propuesta de reforma a la justicia: pedir apoyo a organismos multilaterales como la ONU o la OEA, para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Colombia, enfocada”, señala la carta.
“Una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia, del tipo CICIG que funcionó en la República de Guatemala, respetuosa del ordenamiento jurídico interno y de las autoridades nacionales, nacería de un acuerdo de libre discusión entre el Estado colombiano y un organismo multilateral, con fines de cooperación y fortalecimiento institucional. Este tendría que ser refrendado en todas sus cláusulas por el Congreso de la República”.
Por eso se deja claro en la propuesta que en el acuerdo quedarían expresos los objetivos y fundamentos de la Comisión Internacional.
Además, “su naturaleza jurídica y su capacidad legal; su composición y estructura orgánica; el catálogo y marco de sus funciones misionales; el sometimiento a la Constitución Política, los Convenios Internacionales ratificados por Colombia y las leyes internas; sus facultades en la relación con los ciudadanos y las autoridades nacionales; los compromisos de cooperación del Estado en todos los órdenes, para hacer viable el cumplimiento de sus objetivos misionales; la independencia funcional de la Comisión en el desempeño de su mandato; los privilegios e inmunidades del personal internacional y nacional; los términos de su vigencia y las demás condiciones que el diálogo multilateral encuentre necesario establecer”.
“Es necesario reforzar a la Fiscalía General de la Nación en sus capacidades de investigación de delitos de alto impacto, como el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción que anida en ellos, a cargo de grupos armados ilegales de difícil persecución. La fragilidad del sistema penal acusatorio en esa materia es evidente, porque no es verdad que esa clase de delincuencia dura se haya acabado o al menos disminuido, pero sí es cierto que su judicialización ha caído a su mínima expresión. Esa particular delincuencia se está saliendo con la suya haciéndose invisible, amparada por los escondrijos de las leyes y las flaquezas del sistema judicial”, se lee en el documento.
“Una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia, que bajo reglas de juego claramente concertadas con la comunidad de naciones, representada por alguno de los organismos multilaterales anejos al tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción, que hombro a hombro con las autoridades colombianas apoye investigaciones contra la delincuencia dura, sería un reforzamiento estructural del sistema judicial y con ello de la democracia nacional”.
“Hay que prever que grandes estructuras criminales, particularmente del narcotráfico, están ávidas por instalarse en las cabezas de los poderes públicos, como seguramente en tiempos pasados ya lo hicieron, a la par que hoy controlan regiones enteras mediante sus inmensos dominios fácticos”.
