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Secretario de Transparencia denunciará adjudicación de contrato de Registraduría a Thomas

Andrés Idárraga presentará la denuncia penal por el contrato otorgado a la unión temporal Disproel 2024, conformada por Thomas Greg and Sons y otras dos firmas.

Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga. Foto: Colprensa.

Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga. Foto: Colprensa. / John Paz

Este 18 de octubre, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, anunció que presentará una denuncia penal por la adjudicación del contrato de $41.000 millones para las elecciones de Junta Administradora Local (JAL) y áreas metropolitanas desde la Registraduría.

El contrato fue otorgado este mismo viernes a la unión temporal Disproel 2024, conformada por el grupo ASD, Thomas Greg and Sons y la compañía de seguridad Transbank, único oferente en el proceso.

Idárraga dijo que “será la justicia penal la que determine la responsabilidad de los funcionarios en esta adjudicación”, y anunció la denuncia ante la “posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido al posible incumplimiento de los deberes y principios establecidos en la Ley 80″.

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Ademán, aseguró que solicitara una investigación disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación porque no habría garantizado el cumplimiento de los principios de la contratación estatal.

Y anunció, igualmente, una solicitud de auditoría por parte de la Contraloría “por la posible estimación de valores en el análisis de sector, de la que, en consideración de la Secretaría de Transparencia, careció el proceso adjudicado”.

Estas acciones desde el Gobierno responden a lo que Idárraga considera un proceso irregular en la adjudicación del contrato, el cual había generado un duro choque entre el Gobierno Nacional y la Registraduría. La Secretaría de Transparencia señaló que en el proceso se limitó la participación de más oferentes, afectando la pluralidad y la competencia en el proceso.

Por su parte, la Registraduría defendió la transparencia de la adjudicación, e insistieron este viernes en que la convocatoria fue pública y abierta, y que todas las etapas del proceso contaron con la supervisión de la Procuraduría.

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