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Medida de aseguramiento contra militares por fallas en operación que dejó soldados muertos

La W pudo establecer en primicia que se hicieron efectivas tres órdenes de captura emitidas por un juzgado en contra de un teniente, un sargento y un cabo del Ejército Nacional.

Imágenes de referencia. Foto: Getty Images

Imágenes de referencia. Foto: Getty Images

La fiscal penal militar logró recolectar los elementos materiales probatorios necesarios para solicitar medida privativa de la libertad contra tres uniformados en los grados de subteniente, sargento segundo y cabo primero por el delito de desobediencia.

Adicionalmente, en el caso del oficial, le fueron imputados el delito de homicidio culposo, lesiones personales culposas y falsedad ideológica en documento público. Esto tras posibles fallas en la operación de estabilización en Anorí, Antioquia, en donde fueron asesinados cinco militares.

De acuerdo con los argumentos la Fiscalía, los uniformados eran comandantes del Pelotón Buitre 2 con área de operaciones en la vereda La Plancha del municipio de Anorí, Antioquia, cuando presuntamente desobedecieron las órdenes institucionales de cambiar el lugar de ubicación de la tropa y por el contrario, reportaron coordenadas falsas a sus superiores, situación que pudo favorecer el ataque con artefactos explosivos improvisados por parte del ELN.

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Por estos hechos, el Juez 1727 Penal Militar y Policial de Control de Garantías concedió medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario para los tres uniformados mientras avanza el proceso judicial.

“Desde la Fiscalía General Penal Militar y Policial investigamos con autonomía, efectividad y transparencia las conductas que afectan la seguridad e integridad de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública”.

El subteniente tenía posición de garante material, en razón de su competencia funcional como comandante del pelotón BUITRE 2, “él asumía el control efectivo de sus hombres, ostentaba el mando operacional, tenía el deber jurídico de evitar la muerte y lesiones de su personal bajo su mando, es decir, tenía a su cargo la protección real y efectiva de la vida e integridad de sus soldados de acuerdo a la constitución (artículo 1, 2, 6, 91, 217), ley y reglamentos”, dice la Fiscalía Militar.

Además, se añadió que, ”El sabía de la existencia de una situación de peligro, la presencia inminente del enemigo y de sus intenciones de ataque contra la tropa, por los avisos dados por el Batallón Bomboná, siendo previsible el resultado muerte y lesiones y no lo hizo, incumpliendo con el deber de seguridad, omitió las técnicas y tácticas ordenadas contra amenazas híbridas, no desplegó una acción oportuna, operacional o funcional, creando un riesgo jurídicamente desaprobado, causa eficiente que ocasionó el deceso y lesiones del personal militar”.

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