Tribunal de Ecuador admitió acción de protección de Verónica Abad contra encargo presidencial
El tribunal considera que hubo un “error de análisis” por parte del tribunal, pues con las medidas cautelares buscaban suspender de manera provisional los decretos, mientras que con la acción piden que se dejen sin efecto de forma “definitiva” esas decisiones.
Un tribunal de Ecuador admitió a trámite la acción de protección que la vicepresidenta titular, Verónica Abad, interpuso el jueves para que la Justicia deje sin efecto dos decretos emitidos por el presidente, Daniel Noboa, en los que designa a la secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert, como vicepresidenta encargada y le delega facultades presidenciales.
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Sin embargo, en la resolución de admisión de la acción, que fue publicada el viernes a las 19:37 hora local, los jueces negaron las medidas cautelares que Abad solicitó para que se suspendan provisionalmente los efectos de esos decretos, por considerar que los fundamentos de los dos pedidos son los mismos.
Esta acción legal se da en el marco del enconado enfrentamiento que mantienen Noboa y Abad, quien reivindica su derecho a asumir las funciones presidenciales durante la campaña electoral en la que el mandatario busca su reelección, algo a lo que se ha opuesto el Gobierno.
En diciembre pasado, Noboa designó a Abad como consejera en la Embajada en Turquía, donde debía presentarse el pasado día 27 pero, como no lo hizo, el Ejecutivo consideró que había incurrido en una “ausencia temporal”.
Por ello, designó a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, como vicepresidenta temporal. Sin embargo, días después, encargó esta función a Gellibert, por problemas de salud de la otra funcionaria.
Con Gellibert en el cargo, Noboa decidió pedir una licencia entre el 9 y el 12 de enero para hacer campaña electoral de cara a los comicios del 9 febrero, donde busca la reelección, por lo que le encargó la Presidencia, una decisión cuestionada por abogados, académicos, candidatos de oposición y por la Asamblea Nacional (Parlamento), que señalaron que el decreto carecía de sustento jurídico.
“Error de análisis”
Dominique Dávila, abogada de la vicepresidenta Abad, dijo a EFE que considera que hubo un “error de análisis” por parte del tribunal, pues con las medidas cautelares buscaban suspender de manera provisional los decretos, mientras que con la acción piden que se dejen sin efecto de forma “definitiva” esas decisiones.
Además, criticó que en la notificación de admisión a trámite el tribunal no fijó una fecha y hora para la audiencia de acción de protección, si no que en su lugar ordenó a una secretaria que lo haga. Calificó de “extraño” el proceder de los jueces.
Con la acción de protección, Abad también busca que se declare que con esas decisiones se vulneraron sus derechos políticos, a la dignidad, a la no discriminación, al trato desigual y a la degradación del cargo.
De forma paralela, la Corte Constitucional también admitió a trámite el viernes una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por otro ciudadano contra el decreto de encargo presidencial.