Los abogados de Yoon Suk-yeol denunciaron presiones para que el presidente surcoreano declare

Los abogados que representan al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, denunciaron este miércoles, 22 de enero, “las serias violaciones de derechos humanos” cometidas por el organismo anticorrupción por tratar de interrogar de manera forzosa a su cliente, que se está negando a declarar, por su imposición de la ley marcial en diciembre.

En un comunicado enviado a los medios, los letrados de Yoon denuncian que funcionarios de la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) se personaron hoy de nuevo en el centro de detención de Uiwang (al sur de Seúl), donde el mandatario está en prisión preventiva desde hace una semana, para tratar de trasladarlo forzosamente a su sede para que declare.

Es la tercera vez que los funcionarios acuden al centro de detención después de que un tribunal prolongara el arresto de Yoon y de que sus intentonas de esta semana concluyeran sin éxito.

Tras insistir durante cinco horas, los funcionarios del organismo desistieron hoy también, luego de la negativa del mandatario a colaborar. Responsables del CIO han indicado que barajan ahora otras opciones, incluida la posibilidad de tratar de hacer que Yoon declare en el propio centro de detención.

“La CIO argumenta que puede aprehender por la fuerza a un sospechoso que ya ha ejercido su derecho a permanecer en silencio. Pero la opinión general en el ámbito académico es que prender por la fuerza a un sospechoso que ya ha ejercido su derecho a permanecer en silencio viola dicho derecho garantizado por la Constitución y lo obliga a hacer a declarar, lo que constituye una investigación ilegal”, afirman por su parte los letrados de Yoon en el comunicado.

Los abogados del Yoon consideraron, además, que las continuas interrupciones de las reuniones con su cliente por parte del CIO “están impidiendo que el presidente ejerza de manera apropiada su derecho a defenderse en su juicio de destitución”, que se celebra actualmente en el Tribunal Constitucional, que ha establecido, recuerdan, un calendario muy ajustado con solo cinco audiencias orales ordinarias.

Consideran también “excesiva” la prohibición de que Yoon pueda enviar o recibir cartas, o que solo puede recibir visitas de su equipo legal, bajo el argumento de que podría destruir pruebas.

El equipo defensor volvió a calificar la investigación penal del presidente de “ilegal”, al considerar que el CIO y el tribunal que expidió las órdenes de arresto de Yoon carecen de competencia en el caso, pese a que un juez del Distrito Central de Seúl desestimó recientemente su rogatoria para que anulara la validez del proceso, que consideró que se ajusta a derecho.

Yoon, que está arrestado de manera preventiva desde el 15 de enero, está siendo investigado penalmente por un posible delito de insurrección que podría castigarse con cadena perpetua o la pena capital (para la cual existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997).

A su vez, el Constitucional tiene hasta junio para decidir si el cese de Yoon, aprobado por el Parlamento el 14 de diciembre, será definitivo o si lo restituye en el cargo.

En caso de que su inhabilitación quede ratificada, deberán convocarse elecciones presidenciales en un plazo máximo de sesenta días tras el fallo de la corte.